Con su llegada al pontificado, Francisco dio seguimiento con determinación a las iniciativas comenzadas por sus antecesores. Una de sus primeras iniciativas fue un encuentro de escucha a las víctimas. En su residencia les pidió perdón y este gesto se convirtió en una experiencia de cercanía para ellas, tal como les compartió en la homilía del 7 de julio de 2014: “La presencia de ustedes, aquí, habla del milagro de la esperanza que prevalece contra la más profunda oscuridad. (…) Ante Dios y su pueblo expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes y, humildemente, pido perdón. También les pido perdón por los pecados de omisión por parte de líderes de la Iglesia que no han respondido adecuadamente a las denuncias de abuso presentadas por familiares y por aquellos que fueron víctimas del abuso”. Esta novedosa línea en el pontificado se ha traducido en la necesidad de la protección a las víctimas por encima del escándalo de la Iglesia.
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En 2013, el Consejo de Cardenales que asesoraba a Francisco propuso la creación de una Comisión de expertos como órgano asesor del Papa en esta materia. Él aprobó esta propuesta y asignó desde entonces al cardenal Séan O’Malley la tarea de componer dicho órgano consultor. En marzo de 2014, Francisco publicó un quirógrafo en el que esbozaba la tarea de la comisión de asesorar al sucesor de Pedro sobre las políticas eficaces para la protección de menores, además de proponer procedimientos, promover la formación y la prevención en la Santa Sede y en las conferencias episcopales en el mundo. Eso sí, la tarea de la Comisión no ha sido tratar los casos individuales de abuso sexual.
En febrero de 2014, un informe del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre algunas observaciones a la Santa Sede volvió a evidenciar el profundo horror de los abusos sexuales de menores en el seno de la Iglesia. Este organismo informó de que el Estado del Vaticano no respetaba los derechos de la infancia y de que había preferido preservar su reputación y proteger a los autores antes que el bienestar de los menores: “La Santa Sede no ha reconocido el alcance de los delitos cometidos, ni ha adoptado las medidas necesarias para abordar los casos de abusos sexuales de niños y protegerlos (…), permitiendo así la continuación de los abusos”.
Confidencialidad
Según este mismo organismo, la confidencialidad con que la Iglesia manejaba estos casos había permitido a la gran mayoría de los abusadores y a las personas que las encubrieron y evadir la justicia en los estados en los que se cometieron esos abusos. Frente a esta desoladora realidad, Naciones Unidas recomendó a la Santa Sede garantizar que la Pontificia Comisión para la Protección de Menores investigase con independencia todos los casos de abuso sexual de niños, así como la forma en que la jerarquía los abordó.
También encargó separar inmediatamente de su cargo a todas las personas de las que se sospechaba que habían cometido abusos sexuales de menores, así como remitir la cuestión a las autoridades pertinentes; asegurar el intercambio transparente de los documentos para garantizar que los religiosos culpables de abusos y sus encubridores rindiesen cuentas por esos crímenes; derogar todas las disposiciones que podrían imponer la obligación de guardar silencio a las víctimas y a las personas que tuviesen conocimiento de estos delitos; y elaborar programas y políticas de prevención de la pederastia y de recuperación y reintegración social de sus víctimas.
Destituir a los responsables
Para 2015, el Papa emitió un rescripto sobre el establecimiento de un órgano judicial dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe para la consideración de las apelaciones relacionadas con los delitos graves, entre ellos, los casos de abuso sexual de menores por parte de clérigos, en un esfuerzo por acelerar los procesos.
Francisco se ha convertido, también, en el primer Papa de la era moderna en adoptar disposiciones contra el encubrimiento. Así, en ‘el motu proprio’ ‘Como una madre amorosa’, del 4 de junio de 2016, hizo explícita la posibilidad de destituir a los obispos que hubiesen podido actuar con cierta negligencia “en relación a casos de abuso sexual infligido en menores y adultos vulnerables”. Ese mismo año publicó la actualización de la ‘Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis’. Por primera vez, un documento sobre la formación sacerdotal subraya el papel de la prevención.
(…)
