Recientemente en medios de comunicación de Nicaragua se dio a conocer la noticia de que la Corte Suprema de Justicia suspendió de forma definitiva a Yonarqui de los Ángeles Martínez García como abogada y notaria pública.
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El Poder Judicial ordenó que la activista de derechos humanos -quien también estaría defendiendo al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, sentenciado a 26 años de prisión– que entregue sus títulos profesionales, los protocolos de su trabajo, el sello y credencial. Esto, de acuerdo con una circular firmada por el secretario de la Corte, Rubén Montenegro Espinoza.
En la resolución firmada por los magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de la Corte no se explican las razones de dicha decisión, solamente se cita el artículo 165, numeral 10, de la Constitución Política de Nicaragua (que en realidad corresponde al artículo 164, numeral 8), sobre las atribuciones de la Corte, que incluyen “extender autorización para el ejercicio de las profesiones de abogado y notario, lo mismo que suspenderlos y rehabilitarlos de conformidad con la ley”.
Además se basaron en el artículo 4 y 6, numeral 18 de la Ley de Carrera Judicial, en la que indican que en el caso de “suspensión”, el caso es resuelto “por el pleno de la Corte Suprema de Justicia”.
De acuerdo con lo señalado por los medios locales, la resolución se dio una semana después de que la defensora de derechos humanos publicara en su cuenta de Twitter capturas de pantalla de los “procesos arbitrarios ejecutados por el Poder Judicial contra unas 57 personas detenidas y procesadas en menos de 24 horas”.
Martínez ha sido una de las voces que más ha denunciado estos casos, “plagados de diversas violaciones al debido proceso”.
Abogados Cristianos respaldan a Yonarqui
La abogada ha ejercido la profesión por 17 años, y en los últimos cinco ha defendido a los presos políticos, ha denunciado abusos de los que eran víctimas y cuestionado las “arbitrariedades de los procesos judiciales contra los opositores”.
De acuerdo con el medio Confidencial, la abogada Yonarqui Martínez se graduó como abogada en 2005, en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, y en 2019 Martínez “quedó atrapada” junto a madres de presos políticos y el padre Edwing Román, ex párroco de la iglesia San Miguel, en Masaya, mientras realizaban una huelga de hambre en demanda de la libertad de presos políticos.
“El grupo de trece personas estuvieron asediados por policías durante nueve días, con la mínima comida y sin agua y luz”.
En tanto, en la página en internet de los Abogados Cristianos en España, se inició una petición dirigida al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer, en la que se le pide garantice a Yonarqui de los Ángeles el ejercicio de la abogacía en Nicaragua.
“No podemos permitir que el régimen dictatorial de este país dificulte el derecho de los presos políticos, a tener una justa defensa”, se añade en la petición.
