Los hechos
El 16 de noviembre de 1989 fue un día aciago dentro de la Guerra Civil que se vivió en El Salvador. En la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, de San Salvador entró un pelotón del batallón Atlácatl de la fuerza armada de El Salvador y asesinaron a quien se puso por medio. Allí estaban los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría –que era el rector–, Segundo Montes –director del Instituto de Derechos Humanos–, Ignacio Martín-Baró – vicerrector académico–, Amando López –profesor de Filosofía–, Juan Ramón Moreno –el bibliotecario–, además de tres salvadoreños, el sacerdote Joaquín López –fundador de la universidad– y la cocinera de la comunidad religiosa, Elba, y su hija de 16 años Celina Ramos.
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Las cámaras grabaron como quedaron los cuerpos esparcidos por las dependencias de comunidad de la UCA. Un centro académico de referencia desde el que se defendía –con una importante resonancia internacional– un acuerdo negociado entre el gobierno presidido por Alfredo Cristiani y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN. La peculiar sintonía entre la Teología de la Liberación y las guerrillas de izquierda hacían desde luego a los jesuitas foco de todas las sospechas del ala dura del ejército y las autoridades salvadoreñas. Tanto es así que la universidad había recibido ya algunos ataques y los jesuitas habían sido sometidos a algunas acusaciones fuertes junto a otros sacerdotes salvadoreños como el hoy cardenal Rosa Chávez.
El primer juicio en El Salvador dejó insatisfecha a la sociedad y a la comunidad internacional. Esto se trató de mitigar con un “Informe de la comisión de la verdad para El Salvador” –que llevaba el subtítulo “de la locura a la esperanza”– establecido en los acuerdos de paz y publicado en 1993 y que trataba de cerrar las heridas abiertas por la guerra civil. La Comisión de la verdad analiza el asesinato del arzobispo de San Salvador, Óscar A. Romero, ocurrida el 24 de marzo de 1980 por parte de los escuadrones de la muerte y también las muertes en la UCA. El problema es que el resultado más tangible de las recomendaciones de esta comisión fue la ley de amnistía que puso en la calle a los pocos responsables penales establecidos para la matanza de los jesuitas y las dos mujeres.
El juicio español
En El Salvador, concluida la Guerra Civil se procesó a 9 miembros del ejército, siendo condenados en un juicio con escasas garantías dos de ellos, el coronel Guillermo Benavides y el teniente Yusshy René Mendoza. Liberados por una amnistía en 1993 –declarada en 2016 inconstitucional–, el proceso parecía estar cerrado en falso. Y es que 30 años después se pudo impulsar un proceso en España aplicando el principio de justicia universal basado en la nacionalidad de la mayoría de las víctimas pudiendo sentar en el banquillo en el verano de 2020 a dos militares de una veintena solicitada por los tribunales españoles.
El principal acusado del juicio en España fue el excoronel Inocente Orlando Montano, que en el momento de los hechos era viceministro de Seguridad Pública, y fue extraditado de los Estados Unidos. Junto a él estaba el ya condenado Yushsy Mendoza, que pasó de acusado –por prescripción del delito y su aportación a aclarar las circunstancias del crimen–. La declaración de Montano, con su salud muy mermada, fue breve. En ella definió como “lamentable accidente la muerte de los padres” jesuitas. Reiteró que el de Alfredo Cristiani era “un gobierno democrático y legítimo”. Él, como viceministro de Seguridad Publica –dependiente del ministerio de Defensa– se desmarcó de la parte operativa e también de desmarcó del hecho de que la matanza surgió de la iniciativa de un grupo de oficiales de élite de la misma promoción denominada ‘La Tandona’ –algunos con cargos importantes en el Gobierno–. Para él la orden vino del Estado Mayor y que por ello mandó a su batallón más efectivo.
Un dato interesante que sirvió para la reapertura del caso en El Salvador fue la confirmación de la presencia del presidente en una reunión el 15 de noviembre de 1989, el día previo a la matanza. Para el excoronel Inocente Montano –finalmente declarado culpable– esta reunión no tuvo el asunto de la UCA en el orden del día, lo que contrasta con el testimonio de Mendoza, quien confirma la orden directa del entonces coronel Guillermo Alfredo Benavides, repetida por sus oficiales más cercanos para no dejar testigos. “Fue una operación totalmente autorizada, todo el mundo lo supo. Eso tenía que estar aprobado por el Alto Mando”, sentenció Mendoza en el juicio, una orden que incluía favorecer el argumentario de que era una operación de la propia guerrilla.
La acusación
El último capítulo hasta ahora de esta lucha por lograr la justicia tras la matanza es la acusación al expresidente Alfredo Cristiani. La Fiscalía General de El Salvador ha acusado a ocho personas tras recoger una serie de testigos que relatan y ubican directamente al entonces presidente en la reunión en la que se habría tomado la decisión de asesinar a los jesuitas de la UCA. Esta es la base de la acusación penal que han presentado y que finalmente podría llevar a Cristiani al banquillo para que responda de los hechos.
Este movimiento llega tras la petición, en marzo de 2022, de una orden de captura tras ser acusado de omisión durante su presidencia para evitar la masacre. Una petición que Cristiani definió como difamación y persecución judicial. En un comunicado hecho público entonces señaló: “La verdad es que nunca supe de los planes que tenían para cometer esos asesinatos. Nunca me informaron ni me pidieron autorización porque sabían que jamás hubiera autorizado que se hiciera daño al padre Ellacuría o a sus hermanos”. Entonces la Fiscalía daba por demostrada que el rector de la universidad había hablado varias veces por teléfono con el entonces presidente, quien disuadió al jesuita de abandonar la universidad ya que era un lugar tranquilo.
En la acusación previa había 20 testigos y además se contaba con la condena en España del coronel Montano, algo que ha sido un aliciente para quienes veían escapar la última oportunidad de justicia en El Salvador para este caso. Y es que, después de que, en 2020, se cerrara aparentemente de forma definitiva todo proceso relacionado con la masacre, desde enero de 2022 se ha vuelto a instruir todo el material. Además, la cuestión de que el coronel retirado Guillermo Alfredo Benavides Moreno cumplió prisión hasta que fue indultado por una ley amnistía general en 1993 –tumbada posteriormente por inconstitucionalidad– cuestionaba el hecho de que se volviesen a juzgar unos hechos sobre los que había ya sentencia. Ahora bien, la fiscalía tiene abiertos otros frentes contra el expresidente por posible enriquecimiento ilícito o la entrega de sobresueldos. En cualquier caso, lo que parece ser cierto es que Cristiani no está en territorio salvadoreño.
