El pasado 6 de julio una llamada de Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo, inundó mi corazón de una inmensa alegría: “El Santo Padre te ha nombrado miembro de pleno derecho, con voz y voto, para participar en la XVI Asamblea del Sínodo”. En ese momento me encontraba en Segovia, donde estábamos celebrando la XLIV Asamblea General de Frater España. Ciertamente, este acontecimiento no surgía de la nada.
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Durante el proceso sinodal, el papa Francisco quería escuchar “de primera mano” la voz de las personas con discapacidad en el mundo y, para ello, convocó una Consulta Especial para las Personas con Discapacidad. Después de meses de trabajo, un pequeño grupo de cinco personas, de distintos países y continentes, fuimos convocadas a Roma para debatir y redactar el informe final que, el 22 de septiembre de 2022, entregamos a la Secretaría del Sínodo y al Santo Padre.
Durante aquel período, ya manifestábamos repetidamente la importancia que suponía la visibilidad y la presencia de personas con discapacidad en la Asamblea del Sínodo. No podemos olvidar que las personas con discapacidad somos alrededor de mil millones, representamos la mayor minoría humana del mundo. Como tampoco debemos obviar que una gran parte de estas personas y sus familias constituyen un colectivo de gran vulnerabilidad económica y social. La sanidad universal es una utopía para ellos. Desgraciadamente, las mujeres con discapacidad sufren doblemente: primero, por ser mujeres, y después, por tener discapacidad.
Derribar los muros mentales
Por tanto, resulta imprescindible que la Iglesia abra sus puertas a las personas con discapacidad y escuche su voz tantas veces ignorada y silenciada. Solo así, podemos empezar a hablar de “Iglesia, Casa común”. Donde no solo es necesario derribar las barreras físicas que nos impiden entrar, también los muros mentales que nos impiden participar. Y especialmente derrotar la estigmatización espiritualista que nos considera seres inferiores. No somos objetos para el desarrollo de un pietismo caritativo y asistencialista. Esto negaría nuestra dignidad humana y el derecho fundamental que como bautizados nos corresponde: ser miembros activos de la comunidad cristiana llamados a evangelizar.
