El destape mediático de la denuncia de un sacerdote de Salamanca a otro cura por haber sufrido abusos durante más de una década, que comenzaron a los 15 años siendo un monaguillo, vuelve a poner de manifiesto que la crisis de la pederastia, al menos en España, no puede considerarse ni mucho menos un capítulo cerrado o próximo a clausurarse de la mano de una auditoría.
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Sobre todo, a la luz de algunas espinas que deja tras de sí este caso. Si bien desde el punto de vista canónico se ha actuado escrupulosamente conforme a las exigencias vaticanas, según ha podido confirmar Vida Nueva, todavía falta formación y sensibilización por parte de las autoridades eclesiales en materia de acompañamiento a quienes sufren esta lacra.
Ignorar nombre y apellidos
A la vista está que el discurso –vía carta, discurso u homilía– que habla de situar a las víctimas en el centro de la Iglesia se rompe cuando a la víctima con nombre y apellidos se le ignora. No cabe ampararse en una equidistancia justificada por un proceso judicial abierto o por la presunción de inocencia del acusado. La víctima, mientras tanto, continúa desangrándose por dentro, con la misma intensidad que cuando fue vejado por su depredador.
