El Juzgado de Instrucción número 2 de Vélez ha rechazado la petición del Obispado de Málaga de personarse como acusación particular en la causa en la que se investiga a un sacerdote de 33 años por violar a cuatro mujeres –a las que sedaba y grababa– y grabar sin su consentimiento a otra mientras mantenían relaciones sexuales. La Diócesis ya ha recibido la comunicación de la no admisión de la solicitud, aunque, según informa Europa Press, tiene la intención es recurrir la decisión.
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La jueza impide también que se persone como acusación particular la ex pareja del cura, quien encontró los vídeos, y anticipa que tampoco los admitirá como acusación popular, pues entiende que las perjudicadas con las cinco denunciantes. De esta manera, ni la joven ni el Obispado tendrán acceso a las diligencias del caso.
La magistrada afirma que “resulta incuestionable que la inicial denunciante no ostenta en ningún caso la condición de perjudicada, ni tampoco de ofendida por los delitos cometidos por el investigado, sino que, de hecho, ostenta la condición de testigo”.
El pasado 29 de septiembre, la Diócesis, “con el propósito de permanecer al lado de las víctimas y de continuar poniendo todos los medios a su alcance para contribuir al esclarecimiento de los hechos, tras un estudio en el que se ha valorado el grave perjuicio causado”, decidía personarse en la causa abierta como perjudicada, en calidad de acusación particular.
¿Qué se sabe del caso del ‘padre Fran’?
El ‘padre Fran’, como conocían en su entorno a este sacerdote, duerme desde el 11 de septiembre en la prisión de Alhaurín de la Torre (Málaga).
Según el testimonio de la que fue su novia hasta enero –con la que llegó a convivir en Melilla de manera pública al mismo tiempo que ejercía de párroco en Santa María Micaela–, ella expuso entonces a la Iglesia la existencia de esta relación sentimental y de unas imágenes suyas de carácter sexual.
Con este episodio de fondo, el joven sacerdote regresó a Málaga justo después por “problemas médicos”, según informa la Diócesis. Tras unos meses de reflexión, antes de verano fue enviado, con el visto bueno del obispo, a dos parroquias de la sierra malagueña –en El Burgo y la Yunquera– y en agosto participó como un peregrino más en la JMJ de Lisboa.
Volvió a Málaga en enero
La Diócesis defiende ante este semanario el encargo pastoral porque “renunció a su relación sentimental y se comprometió con su sacerdocio”.
Eso sí, no se ha conocido hasta la fecha qué acompañamiento siguió durante los primeros meses del año por su estado de salud y cómo ha sido su seguimiento mientras ha prestado este servicio al tiempo que residía en su casa familiar de Vélez-Málaga junto a su madre, que llegó a ser religiosa clarisa.
Precisamente a la llegada a este domicilio el 11 de septiembre fue detenido por la Policía sin oponer resistencia, aunque negándose a colaborar con la investigación, según relata ‘Diario Sur’.
Denunció a su novia por robarle material informático
La realidad es que solo cinco días antes se dirigió a dependencias policiales para denunciar a su exnovia por robarle dinero y material informático de su domicilio, una denuncia clave para los investigadores, pues supondría de manera implícita el reconocimiento de la autoría de los vídeos sexuales grabados sin consentimiento.
Fue al ser detenido cuando el Obispado le retiró las licencias ministeriales para que no ejerza el sacerdocio. Y, dos semanas después, el 25 de septiembre, se hizo público el caso con la intención de encontrar nuevas víctimas, pues la Policía sospecha que puede haber más agredidas antes de 2017 –año en el que fue ordenado sacerdote– y después de 2019, período en el que se grabaron los vídeos.
Por estas grabaciones se le imputan al sacerdote cuatro agresiones sexuales y cinco delitos contra la intimidad, pues una de las mujeres grabadas podría ser otra ex novia malagueña y las relaciones habrían sido consentidas aunque no así las grabaciones de las mismas.
Las denunciantes, de su círculo cercano
Tal y como ha informado la Policía, las denunciantes pertenecían a su círculo y fueron agredidas en varias localidades en viajes de amigos. Además, no eran conscientes de haber sufrido ningún delito sexual, pues el sedante que les suministraba solo dejaba una pequeña resaca al día siguiente, que las jóvenes achacaban al consumo de alcohol.
Así, algunas de ellas –con edades comprendidas entre los 20 y 35 años– han visto los vídeos, pero otras han preferido no enfrentarse a las imágenes.
La investigación del caso arrancó en agosto, cuando su ahora ex novia acudió una vez más al Obispado. Ellos defienden que pidieron “por activa y por pasiva” a la joven que denunciara si tenía pruebas, ya que “desconocían la existencia” de este material. “Dijo que tenía pruebas para denunciar, pero no las compartió. Nosotros le pedimos por favor que fuera a la policía”, justifican desde la Diócesis de Málaga.
Fue entonces cuando la joven se dirigió a la comisaría –siendo derivada a la Unidad de Familia y Atención a la Mujer de Melilla– para denunciar que había localizado en el domicilio que compartían un disco duro con centenares de fotos y vídeos sexuales grabados con su móvil sospechando que tales actos podrían no ser consentidos.
A partir de aquí se inició una investigación en colaboración con el equipo central de la Unidad. Después del análisis de todo el material, los agentes identificaron tanto al autor de las agresiones y de las grabaciones como a cinco de las víctimas, ya que en las carpetas con el material delictivo incluía fotografías propias de los viajes.
