La Conferencia Episcopal Española ha dado a conocer hoy el informe Cremades, esto es, el resultado de la auditoría encargada en febrero de 2022 al bufete Cremades & Calvo-Sotelo y que ha sido entregado a los obispos con unos diez meses de retraso sobre el plazo previsto de ejecución. Además, llega con algunas dudas manifestadas por diócesis y congregaciones sobre la calidad de la metodología utilizados y el trabajo de campo realizados, con quejas de las víctimas y unos gastos que superarían los 1,2 millones de euros.
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Entre las principales recomendaciones que incluye el despacho de abogados en sus 956 páginas publicadas -los anexos no se han incluido por incluir datos confidenciales- , se encuentra la reparación integral a través de “una Comisión Independiente, que no debe excluir la exigencia de una responsabilidad penal de la persona victimaria, donde la reparación sea acordada con la víctima”.
El documento va más allá, puesto que propone un “fondo creado por la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos para la reparación, dotado inicialmente con 50 millones de euros”. “Las indemnizaciones se valorarán en cada caso entre 6.000 y 100.000 euros”, apunta la auditoría de Cremades. De esta manera, iría en la línea del propio plan integral de reparación anunciado por los obispos y del fondo estatal propuesto por Gabilondo. Según ha podido confirmar Vida Nueva, esta idea de Cremades no se incluía en los avances previos facilitados al Episcopado, por lo que cabría pensar que se trata de una incorporación de última hora.
Además, el fondo de Cremades también coincidiría con el anuncio ya realizado por la Conferencia Episcopal de crear un plan de reparación integral a víctimas, que incluiría indemnizaciones en aquellos casos demostrados, aun cuando no hayan sido considerados por la justicia civil por haber prescrito o haber muerto el victimario. Desde ahí, se entenderían las declaraciones de hace unos días del presidente de los obispos, el cardenal Juan José Omella, cuando afirmó que el estudio del despacho “llega tarde” puesto que “ya tendríamos gran parte del trabajo realizado”.
Comisión de prevención
En paralelo, Cremades plantea una segunda comisión centrada en la protección, “responsable del seguimiento y evaluación de todas las medidas contempladas en este informe” que tenga una “forma multidisciplinar y debe incluir personas situadas en la intervención directa”. “Y debe comprometerse a garantizar la transparencia y rendición de cuentas del proceso elaborando un Plan de Prevención”, se añade después, solicitando además un equipo coordinador en cada diócesis. Más allá de las comisiones, se adosan unas recomendaciones que ya se han implementado por la Iglesia española.
En cuanto a las cifras, en una primera aproximación realizada por Vida Nueva, el trabajo de Cremades podría incluir errores de cálculo. En total, la auditoría de Cremades registra 1.383 denuncias con un número de víctimas “de las que se derivan un mínimo de 2.056 víctimas, aunque es objetivamente evidente que el número es superior, por lo que debemos afirmar que el número de víctimas es indeterminado, siendo también indeterminado el número de victimarios”. Para llegar a estas cifras, se contabilizarían como denuncias distintas las realizadas por las diócesis de las computadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe –305–, teniendo en cuenta que los obispados están obligados a dar cuenta de los casos a Roma. Esto es, al parecer estarían duplicados.
De la misma manera, la auditoría de Cremades tampoco parece recoger las colaboraciones prometidas de expertos de la talla de la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, o del que fuera director de El País, Juan Luis Cebrián, que se anunciaron como grandes firmas cuando se presentó este encargo en 2022.
La auditoría de Cremades viene a corroborar además algunas de las pistas que ya ofreció de forma pormenorizada el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, hace dos meses: un perfil de víctimas mayoritariamente masculino y los colegios y seminarios como espacios en los que se les agrede. Mientras que los abusadores son mayoritariamente sacerdotes, religiosos o docentes que ejercen una “autoridad espiritual” como punto de partida para el abuso físico. El informe explicita que la Iglesia no “puede argumentar hoy en día que desconoce la magnitud de la tragedia” y exige “una respuesta contundente y sin excusa ninguna porque permiten visibilizar y honrar el daño producido a las víctimas”.
