Los obispos españoles han creado una comisión de arbitraje y otra comisión de baremación de ámbito nacional con el objetivo de concretar las indemnizaciones a las distintas denuncias presentadas a la protección del menor y que por diferentes circunstancias no tiene recorrido en el ámbito judicial porque el victimario haya fallecido o el caso haya prescrito.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- PODCAST: El motor eclesial viene del sur
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Es el anuncio que realizó el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, durante la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente, donde se ha dado vía libre a esta iniciativa, dentro del plan de reparación económica ya aprobado por el Episcopado. “Queremos que la comisión de arbitraje esté formada por expertos con un perfil plural de distintas procedencias y especialistas distintas áreas: juristas, médicos, profesionales con dimensión espiritual…”, planteó García Magán sobre un proyecto presentado por el Servicio de coordinación y asesoramiento de las oficinas para la protección de menores.
No a la mercantilización
Tal y como relató el portavoz ante los medios de comunicación, esta comisión de arbitraje pretende “ofrecer a las víctimas una reparación integral, adecuada y que responda a lo que cada víctima requiera”. “A veces las víctimas no quieren nada más que ser escuchados”, añadió. A la vez señaló que “reducir la cuestión solo al ámbito económico podría caer en una mercantilización de las víctimas”.
Sobre la auditoría externa encargada al bufete Cremades & Calvo Sotelo, desveló que el precio final asciende a 1.225.000 euros. “Esta auditoría fue acordada por los obispos con un interés de clarificar y signo de buscar la verdad y justicia como prioridad”, señaló al ser preguntado por el alto coste del trabajo. “No ha sido barata”, admitió, si bien apreció la profesionalidad del equipo y recordó que la minuta nunca se llegó a cobrar por decisión del despacho de abogados, por lo que la factura podría haber sido todavía mayor. En cualquier caso, apuntó que “la auditoría es valiosa es en sí misma y se han incorporado apreciaciones en nuestro informe ‘Para dar luz’”.
Junto a esta cuestión, los obispos también abordaron en la Comisión Permanente la hoja de ruta presentada por el obispo auxiliar de Madrid, Jesús Vidal, como responsable de pilotar la reforma de los seminarios después de la cumbre que el Episcopado mantuvo con el Papa el pasado mes de noviembre.