“La vida humana es sagrada e inviolable”. Bajo esta premisa los obispos ecuatorianos cuestionan la legalización de la eutanasia en este país.
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La sentencia 67-23-IN/24 despenaliza esta práctica en Ecuador por lo que dan carta blanca a un médico para realizar este procedimiento cuando “la persona afectada por un sufrimiento intenso exprese un consentimiento inequívoco, libre e informado”.
Sin embargo, los prelados tienen sus reservas sobre todo por el inminente riesgo de personas vulnerables que puedan considerarse “gravosos o molestos para sus familias o para el Estado”.
Es el caso de pacientes psiquiátricos o con trastornos psicológicos, quienes estarían expuestos, incluidos niños, por lo que “es preocupante observar cómo la cultura del descarte, impulsada por algunos jueces, está convirtiéndose en un nuevo integrante de nuestra realidad social”.
Por tanto, piden especificar “qué se entiende por estas expresiones, para no poner en riesgo la vida de personas vulnerables” y advierten que “una sociedad que no los defiende está condenada a las más grandes manipulaciones y a las peores tragedias”.
Una sentencia vacía
Los prelados observan que la sentencia es vaga en cuanto a sus alcances: “No se concreta ni desarrolla qué es una lesión corporal grave e irreversible” ni “enfermedad grave e incurable”.
Insisten que son términos muy inexactos y vacíos toda vez que denuncian que la Corte Constitucional “no sólo modifica el Código Orgánico Integral Penal sino también el Código de Ética Médica ya que permite a un médico acercarse a un enfermo con la intención de darle muerte, pervirtiendo la esencia misma de su profesión que es defender la vida”.
Recordaron que “la Iglesia Católica, de la que forman parte la mayoría de ecuatorianos, siguiendo la práctica de Jesús de curar a los enfermos”, por ello, “no hablamos desde la fría distancia del “deber ser”, sino desde el compromiso con la vida en sus múltiples formas”.
Foto: Shutterstock
