El Gobierno de España ya tiene listo su plan de respuesta al ‘Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos’ elaborado por el Defensor del Pueblo, pese a que este aún no se ha debatido en el Congreso de los Diputados.
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El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para dar cuenta del paquete de cinco medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez que “tienen que ver con las recomendaciones del Defensor del Pueblo”.
Antes de dar cuenta de ellas, ha rescatado la polémica estimación incluida dentro del estudio, que hablaba de 440.000 víctimas, unas cifras que hasta el propio Gabilondo evita hacer suyas debido a un posible error muestral que han denunciado los propios obispos.
Un plan con cinco patas
El plan de implementación del Informe del Defensor del Pueblo, que se autoimpone un marco temporal de tres años, incluye cinco ejes: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; e informar e investigar.
- Reconocer y reparar. El plan incluye la realización de un acto público de reconocimiento, la ampliación hasta los 35 años de la prescripción de la responsabilidad civil y, en algunos casos, eliminarla, y las indemnizaciones a las víctimas aunque sus casos hayan prescrito o no hayan podido probar los hechos ante la justicia. Sin embargo, Bolaños no ha especificado a qué montantes ascenderán estas indemnizaciones. Precisamente citando su reunión de la semana pasada con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, Bolaños ha confirmado que han “iniciado conversaciones para que la Iglesia sufrague el coste de las indemnizaciones”, pues su objetivo es “trabajar en colaboración”, pero cree necesario que el órgano que decida las compensaciones sea independiente. “Me parece que la Iglesia tiene voluntad de colaborar, es mi impresión, así me lo trasladaron”, insistió. Pese a todo, la realidad es que, en paralelo, el Episcopado ya ha anunciado su plan integral de reparación a las víctimas, que también incluye indemnizaciones económicas, pues, ya en noviembre señalaron que solo iban a someterse a un plan de reparación público siempre y cuando se cuente con todas las víctimas y no solo las de la Iglesia.
- Atender a las víctimas. En este sentido, Bolaños ha señalado que harán especial hincapié en “la atención de un trato adecuado en las instituciones”, al mismo tiempo que garantizarán “entornos seguros para que no tengan que tener ningún contacto con su agresor al declarar”, y también proveerán d e”asistencia jurídica gratuita” a las víctimas.
- Prevenir. El Gobierno prevé contar con la figura de los coordinadores de bienestar en los centros educativos desde el próximo curso.
- Formar y sensibilizar. En línea con el tercer eje, se comenzará en breve a formar a estos coordinadores de bienestar.
- Informar e investigar. En esta línea, el ministro ha anunciado la elaboración de un estudio sobre la prevalencia de la violencia en la infancia.
El ‘no’ de Sumar
Pese al anuncio del Ejecutivo, Sumar ha presentado objeciones formales a este plan. Los de Yolanda Díaz consideran “insuficiente” el texto, pues piden “el establecimiento de un mecanismo de indemnización y reparación a cargo de la Iglesia católica que garantice el ejercicio del derecho de reparación en todos los casos”.
