La decisión de las clarisas de Belorado (Burgos) de abandonar la Iglesia católica para ponerse bajo el paraguas del falso obispo excomulgado Pablo de Rojas y la Pía Unión San Pablo Apóstol, además de los tintes ideológicos preconciliares, suma una vertiente inmobiliaria nada desdeñable.
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El órdago cismático de las monjas coincide en el tiempo con el veto de la Santa Sede a una operación de compraventa promovida por la ya ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad. Después de no lograr vender el monasterio que tienen en Derio (Vizcaya) y la falta de fondos para culminar la compra de un convento en Orduña (Vizcaya) que es propiedad de las clarisas de Vitoria, hace unos meses irrumpió un benefactor que apareció ‘milagrosamente’ para desatascar los baches financieros.
Sin embargo, la presidenta de la Federación de la Clarisas de Aránzazu, la madre Javier Soto, comenzó a ver algunas lagunas en este entuerto y dio la voz de alarma al arzobispo de Burgos, Mario Iceta. Juntos llevaron el caso a Roma, que intervino para frenar en seco cualquier maniobra financiera ante las dudas que generaba un bienhechor del que aún hoy se desconoce su identidad, aunque se sospeche quién pudiera estar detrás.
Más allá de los aderezos histriónicos vinculados al ‘cura’ coctelero, a los bombones de mojito y al criadero de perros del cenobio, este episodio pone de relieve la vulnerabilidad de la vida contemplativa a la hora de gestionar su patrimonio.
La reforma promovida por el papa Francisco, a través de la constitución ‘Vultum Dei Quaerere’ y la instrucción ‘Cor Orans’, está ofreciendo herramientas a las monjas y monjes en materia de formación y para crear redes de colaboración frente a cualquier abuso interno o externo en un tiempo convulso de falta de vocaciones y comunidades envejecidas.
Botín a precio de ganga
Sin embargo, la resistencia de algunas órdenes a entrar en este proceso de renovación se ha convertido en caldo de cultivo para estafas y robos de guante blanco. El aislamiento y la ignorancia afloran como enemigos principales de una vida religiosa que, a la vez, tiene en su mano los suficientes apoyos eclesiales y profesionales para no dejarse embaucar por cantos de sirena.
Además, los acuerdos Iglesia-Estado permiten que el derecho canónico tenga su eficacia jurídica en el derecho español, lo que ofrece aún más garantías de protección. Porque la Santa Sede, lejos de ejercer como una agencia inmobiliaria de carácter multinacional que busca fiscalizar cada movimiento de sus sucursales, se ha convertido en el mejor escudo protector ante cazaconventos de todo pelaje que buscan hacerse con un botín eclesial a precio de ganga.
