Confederación nacional católica de educación pide al Gobierno de Colombia no eliminar la “educación privada”

Se han unido a sectores evangélicos para pedir que se respete el derecho a la libertad de enseñanza, de lo contrario “no se podrá tener verdadera democracia”

Confederación nacional católica de educación, en alianza con su par evangélica OBED (Oración, biblia, evangelismo, discipulado), han remitido una carta a los senadores del Congreso de la República a reconsiderar algunos artículos de la actual reforma de la Ley de Educación.



Ello motivado a que en el actual proyecto en ciernes se ha soslayado la modalidad mixta, lo que deja entrelíneas la eliminación de la educación privada, de la que estas organizaciones hacen parte.

Proponen “mantener la expresión mixta en la redacción del artículo tercero del proyecto de Ley Estatutaria” toda vez que “está contemplado en la Constitución Política de Colombia al reconocer la carta el derecho de libertad de enseñanza (artículos 27 y 68) y la posibilidad de que los particulares puedan prestar servicios públicos (Artículo 365)”.

“Lo que ya está reconocido en la Constitución requiere un desarrollo de modo que en una ley estatutaria no solo se repita lo dicho en la Carta, y no solo se incorpore la expresión ‘mixta’, sino que se desarrolle indicando garantías para su ejercicio, como lo proponemos en el numeral”, apostillaron.

Libertad de enseñanza

Tanto católicos como evangélicos coinciden que es “responsabilidad del Estado” garantizar la libertad de enseñanza, porque “el desarrollo del derecho a la educación no debe tomarse como pretexto para vulnerar otros derechos y libertades estrechamente relacionados”.

“Si no se reconocen ‘los sistemas propios’ y regímenes especiales de la diversidad de iniciativas educativas siempre y cuando estén dentro de los propósitos comunes y sociales de la educación, no se podrá tener verdadera democracia”, acotaron.

Además han apelado que “los derechos a recibir o no recibir educación y asistencia religiosa en los establecimientos educativos” están contemplados en “el derecho de libertad religiosa y de cultos, desarrollado en los artículos 6o y 7o de la ley 133 de 1994”.

Advirtieron que “si no se reconocen ‘los sistemas propios y regímenes especiales’ de la diversidad de iniciativas educativas, no se podrá tener verdadera democracia”.

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