“Los conventos no se tocan, son innegociables. Y más, con las pistas sobre una posible trama inmobiliaria detrás”. Con esta contundencia, la comisión gestora del Arzobispado de Burgos explica a ‘Vida Nueva’ cómo se sitúa ante el intento de las diez clarisas cismáticas de Belorado de buscar un acuerdo extrajudicial que a través de sus abogados han solicitado, una vez que ayer ratificaron su salida de la Iglesia católica a través de un comunicado y de negarse a declarar ante el Tribunal Eclesiástico para dar cuenta de su comportamiento.
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Mientras tanto, el equipo del arzobispo Mario Iceta, seguirá adelante con sus planes. Según han explicado a esta revista, se decretará la excomunión. A partir de ahí, estas diez mujeres dejarían de ser católica y, por tanto monjas. Por ello, la comisión gestora pondría en marcha su hoja de ruta, incluida la vía judicial, para el desalojo tanto de ellas como sus dos inquilinos, el falso obispo excomulgado, Pablo de Rojas, y su portavoz Jose Ceacero, por “estancia ilegal” en un monasterio que pertenece a la Iglesia.
Ni un milímetro
Desde el equipo del arzobispo y comisario pontificio, Mario Iceta, exponen a ‘Vida Nueva’ que no van a ceder “ni un milímetro” en lo que a las propiedades eclesiales se refiere, con el pleno convencimiento de que los conventos vinculados a esta comunidad de vida contemplativa son propiedad de la Iglesia y no de las diez religiosas díscolas. Es la reacción ante la “comisión negociadora” que este viernes propusieron los abogados de las monjas para reclamar lo que consideran sus “derechos personales y patrimoniales” que consideran que “están siendo expoliados”.
Desde el Arzobispado niegan tal expolio, sentencian que estos argumentos “no tienen recorrido jurídico por mucho que se empeñen”, y recuerdan que los Acuerdos Iglesia-Estado vinculan directamente el derecho canónico con el derecho civil. ¿En qué se traduce esto? La razón social de esta comunidad monástica aparecería registrada como ‘Monasterio Santa Clara de Belorado’ y ‘Monasterio de Santa Clara de Derio’, dos personalidades jurídicas con su correspondiente representante legal.
Hasta que fuera anunciado el cisma, la abadesa defenestrada, sor Isabel de la Trinidad, era esa representante legal. Pero una vez que el 29 de mayo cumplía el final de su mandato al frente del convento y que la Santa Sede designa a Mario Iceta como comisario pontificio, esta designación canónica le convierte también en lo civil en el único representante legal. Esto es, de alguna manera, Iceta es hoy por hoy ‘la abadesa’ en relación a las propiedades hasta que se resuelva el entuerto.
¿Quiénes son los dueños?
“Las dueñas de los conventos no son estas monjas, es la Iglesia. Ellas solo han sido administradoras temporales de unos bienes que pertenecen a la Iglesia desde hace seis siglos”, sentencian desde el equipo de Iceta. “Es como si, de repente, el arzobispo de Milán, como ha vivido veinte años en el palacio episcopal y ha celebrado misa dos décadas en la catedral, considera que, bien al jubilarse o bien al declarar otro cisma, tiene derecho a poner el palacio y la catedral a su nombre”, añaden a esta revista.
En cualquier caso, desde el Arzobispado de Burgos subrayan que, una vez que sean excomulgadas las diez monjas, no se extingue la comunidad. La auténtica comunidad de clarisas católicas la constituyen las cinco religiosas mayores que no se han manifestado a favor del cisma y sor María Amparo, la monja que está refugiada en el convento de las clarisas de Vitoria tras mantenerse fiel a Roma.
Una trifulca inmobiliaria
Lo cierto es que, más allá de los postulados tridentinos y preconciliares que han llevado a las monjas a ponerse bajo el amparo del falso obispo excomulgado Pablo de Rojas y su Pía Unión San Pablo Apóstol, sobre este movimiento cismático sobrevuela una trifulca por la compraventa de edificios monásticos. La comunidad clarisa, además de contar se su haber con el convento de Belorado, querían vender un monasterio que tienen en Derio (Bilbao) y comprar otro en Orduña (Vizcaya). Se les resistía la venta de Derio y sí cerraron la compra de Orduña a las clarisas de Vitoria, pero no pudieron completar los pagos comprometidos con ellas.
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En medio de esta encrucijada, un benefactor del que todavía se desconoce su nombre, ofreció su dinero para afrontar el gasto de Orduña. Esta irrupción del donante coincide con la aparición en escena de la Pía Unión en la vida de las clarisas. En medio de estos movimientos, la presidente de la federación de clarisas de Arzantzazu, sor Javier Soto, alertó al Arzobispo de Burgos, que a su vez avisó a Roma. La Santa Sede abortó la operación de manera preventiva, precisamente para proteger los bienes de las monjas. Semanas después, la ex abadesa, sor Isabel de la Trinidad, proclamaba el cisma con sus hermanas más afines.
