El Gobierno declara la guerra a la Iglesia a costa de la lacra de los abusos sexuales, después de constatar que obispos y congregaciones han tomado las riendas en esta crisis a través de un plan integral de reparación a las víctimas que se aprobará este martes para prescritos o con el abusador fallecido, que incluye una comisión interdependiente de expertos que determinará indemnizaciones económicas, así como atención psicológica y espiritual. Solo así se entienden dos acciones que el Ministerio de la Presidencia, con Félix Bolaños al frente, ha emprendido a contrarreloj por parte de Moncloa: una reunión con asociaciones de víctimas y una carta de amenaza al presidente de los obispos.
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La directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo, ha convocado para mañana una reunión con las asociaciones de víctimas de abuso en el seno de la Iglesia, tan solo 24 horas antes de que los obispos celebren la Asamblea Plenaria Extraordinaria este martes para ratificar el plan de reparación conocido como PRIVA. La reunión, según confirma la agencia Europa Press, se celebrará en el complejo de Presidencia del Gobierno. ‘Vida Nueva’ ha sondeado a un par de estas entidades sobre sus impresiones ante esta cita y expresan cierto “desconcierto” por mostrado por el Ejecutivo “prácticamente de un día para otro” a la hora de convocar esta cumbre “exprés”. Aunque no ha trascendido la agenda de la reunión, es más que previsible que Moncloa advierta al colectivo que la comisión creada por la Iglesia no tiene legitimidad ninguna.
Ninguna fórmula unilateral
Lo cierto es que esta invitación de Moncloa a las víctimas solo se entiende desde la carta que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha enviado al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. En esta misiva, que desvela en exclusiva El País, Bolaños se expresa en un tono amenazante al también arzobispo de Valladolid. El político socialista sostiene que “no aceptará ninguna fórmula unilateral” para indemnizar a las víctimas de los casos prescritos que no contemple la supervisión y el control del Estado.
Luis Argüello, Félix Bolaños y César García Magán
De esta manera, Moncloa pretende tirar por tierra el trabajo que viene realizando desde hace meses la Iglesia, una labor coordinada entre la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), que incluye una comisión independiente de especialistas que evaluará de forma personalizada cada caso y dictaminará la atención que precisa cada víctima. Se trata de un órgano de similares características al que proponía en su informe el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y que también esbozó de una manera genérica el Ministerio de Presidencia en una estrategia antiabusos que presentó en el mes de abril y que hasta ahora no se había desarrollado. Sin embargo, ahora parece que Bolaños ha querido pisar el acelerador a través de la carta y de esta reunión.
Revictimizadas o juzgadas
“Es evidente que un sistema unilateral por parte de la Iglesia podría generar desconfianza en las víctimas, que pueden temer verse revictimizadas o incluso juzgadas al tener que plantear sus peticiones ante la misma organización por las que no se sintieron amparadas en su día, especialmente cuando este sistema se pone en marcha al margen de los criterios fijados por el Defensor del Pueblo, que es la institución que ha estudiado las mejores fórmulas de escucha y reparación”, escribe Bolaños a Argüello.
Se da la circunstancia de que, a lo largo de este tiempo la Iglesia ha mantenido una comunicación fluida con todos los agentes implicados: víctimas, Defensor del Pueblo y el propio Gobierno. De hecho, como desveló este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán, existe una comisión técnica bilateral con Moncloa, donde la Iglesia ya habría explicitado al Ejecutivo de coalición las líneas generales de su hoja de ruta.
Líneas paralelas
Es más, a García Magán se le preguntó por posibles fricciones entre los planes de la Iglesia y del Gobierno. El portavoz episcopal aclaró que hay “líneas paralelas entre el plan del Gobierno y lo que nosotros proponemos”. “Más que excluyente, yo hablaría de una coordinación entre ambos planes”, enfatizó el portavoz episcopal.
Lo cierto es que, según relata El País, se celebró una primera reunión de esta comisión bilateral el pasado 3 de junio. A la espera de un segundo encuentro, Bolaños escribió una carta el 27 de junio en la insta a Argüello para alcanzar un acuerdo. El presidente de la Conferencia Episcopal respondió el jueves a Bolaños emplazándole a un nuevo diálogo después de la Plenaria Extraordinaria. La reacción del ministro es esta última carta.
En la misiva, asegura que solo aceptará una comisión que controle el Gobierno y que se ajuste “a las recomendaciones del informe del Defensor del Pueblo con el objetivo de facilitar a las víctimas un único sistema de reparación”. “La participación del Estado no es solo la única manera de cumplir fielmente con las citadas recomendaciones, sino que, además, supone la manera más rápida, eficaz y segura de abordar el problema social que nos ocupa”, asegura el político socialista en su texto que publica El País.
