La Conferencia Episcopal Española ha aprobado definitivamente su plan de reparación integral para las víctimas de abusos con casos prescritos o su abusadores fallecido. Y lo ha hecho, de la mano de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER). Así lo expusieron este mediodía el presidente del Episcopado y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, y el presidente de general de Confer y prior provincial de los dominicos de Hispania, Jesús Díaz Sariego.
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Eegún el presidente de los obispos, el plan se aprobó sin voto en contra alguno de los 67 obispos que estuvieron presentes en la cumbre episcopal, de los 79 con derecho a voto. “Podría decirse que se ha aprobado de forma casi unánime”, expresó Argüello. De hecho, de los tres documentos que se aprobaron como parte de este plan, solo hubo una abstención en uno de los documentos.
Sistema de acogida
“El trabajo que la Iglesia viene realizando no empieza ni termina hoy, pero es un día importante”, valoró Argüello, que incidió en como esta hoja de ruta busca “establecer un sistema de acogida y reparación integral más allá de lo que pueden hacer los procedimientos jurídicos”. Además, explicitó que no solo se abordarán casos que afecten a religiosos y sacerdotes, sino también a laicos que colaboren o trabajen para la Iglesia.
Entre las medidas más destacadas que aplicará la Iglesia, se encuentra la creación de una comisión asesora formada por diez expertos -cuatro juristas, dos psiquiatras, dos psicólogos, un representante de los obispos y un representante de los religioso- que baremará las indemnizaciones, la atención psicológico y el acompañamiento espiritual que requiera cada víctimas. El Episcopado ha pisado el acelerador y ya han aprobado los miembros de la comisión para que a partir de septiembre puedan iniciarse los trabajos. “Algunos están vinculados a asociaciones y no les hemos pedido el carné de católicos”, comentó Argüello.
Profesionales interdisciplinares
Esta comisión, a priori, no cuenta con presencia de las víctimas. Se las invitará si es preciso, pero no tendrán voto. Este punto ha sido cuestionado tanto por las víctimas como por el Gobierno. “En una comisión de este tipo conviene que los que estén sean profesionales del mundo del derecho y de la piscología, pero confío que en su reglamento la comisión establezca un cauce habitual, no extraordinario para que convoque a las asociaciones de víctimas y las asociaciones de atención a víctimas”, defendió el arzobispo de Valladolid.
Juan José Omella (d); José Cobo (i) y Luis Javier Argüello (2i), en la Asamblea Plenaria Extraordinaria de la Conferencia Episcopal. EFE/Borja Sánchez-Trillo
El Ejecutivo de coalición además critica que las decisiones de la comisión asesora eclesial no tienen un carácter de obligado cumplimiento para las diócesis y las congregaciones, que serán las encargadas de acometer . “No hemos aprobado un decreto jurídico que obligue jurídicamente, porque la Conferencia Episcopal no tiene esa capacidad, pero sí asumimos una obligación moral”, explicó Argüello.
“Si llegara el caso, que no lo creo, en que un obispo o un provincial se negar a dar una indemnización, asumiríamos esa deficiencia”, aseveró Díaz Sariego. Y apostilló: “Hay otras formas de que se cumplan las cosas, toda víctima será atendida aunque haya una primera puerta estrecha”.
Unilateralidad manifiesta
Sobre la acusación del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de calificar de “unilateral” la acción de la Iglesia en esta materia, Argüello respondió: “Claro que sí hemos actuado de manera unilaterial, porque responde a una decisión libre moral, una decisión propia de la Iglesia en cada uno de los obispos y de los superiores mayores”. “Estamos dispuestos a una leal colaboración desde el respeto”, sentenció el presidente de la Conferencia Episcopal a Moncloa.
El arzobispo de Valladolid también lanzó una advertencia a Bolaños, ante las presiones recibidas estos días: “El Gobierno de un Estado Democrático debe respetar las reglas del juego: una institución tiene derecho y deber de organizarse con respecto a sus obligaciones”.
A la par acusó a Moncloa de tener “una mirada parcial y sesgada” de la lacra de los abusos, por no mirar más allá de lo que sucede en la Iglesia: “No es pedir mucho que el Gobierno piense en todas las víctimas en este asunto”. Aun así, tendió la mano al Ejecutivo: “Hemos dicho al Gobierno que podíamos compartir nuestro plan y, desde ahí estamos abiertos a la colaboración”. Eso sí, aclaró que “haremos todos lo posible para que pueda ser encauzado de una manera razonable”, pero confesó que “todavía no tenemos fijada fecha” para retomar ese diálogo.
Discreción y lealtad
El presidente de los obispos defendió además que a este plan se llega después de escuchar al Defensor del Pueblo y las víctimas. “Las víctimas piden discreción y lealtad, y muchas de ellas no están asociadas”, dejó caer. “Hay muchas víctimas que quieren estar en el anonimato y que no quieren asociarse, unas han acudido al Defensor del Pueblo, otras a las oficinas diocesanas, otras a las congregaciones… Para nosotros esas víctimas tienen nombre, historia, silencio y merecen todo el respeto, con ellas estamos trabajando”, reflexionó el presidente de la CONFER. Díaz Sariego expuso que “hay que decir alto que hay muchas víctimas que no están asociadas y que estamos acompañando”.
Por otro lado, Argüello confirmó que no asistió ninguna víctima a la puesta de largo del plan, a pesar de estar invitadas. “Entiendo que en la situación vivida en estas últimas horas, han podido considerar que no eran oportunos”.
