La Red de migración, desplazamiento, refugio y trata “Clamor” ha participado en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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Víctor Genina, integrante de la Comisión de incidencia de esta entidad, ha destacado el trabajo de la Iglesia en toda la región en favor de migrantes y refugiados.
En este sentido, explicó que Clamor – presente en todo el continente – lidera acciones para “responder a las necesidades humanitarias y de protección de la población en situación de movilidad humana”.
Un trabajo humanitario “a la luz de la fe”, donde laicos, vida religiosa y clero suman esfuerzos para “construir la cultura del encuentro” a la que el propio papa Francisco ha invitado desde el inicio de su pontificado.
Falta de voluntad política
Genina denunció que, a 40 años de la Declaración de Cartagena, los Gobiernos se han hecho la vista gorda en materia de protección de los derechos a migrantes y refugiados.
De hecho, “las tasas de reconocimiento de la condición de refugiado en la región son sumamente bajas”. Eso responde a la falta de capacidad institucional, pero “también a la falta de voluntad política”.
El laico sostuvo que se han agudizado en la región “los enfoques restrictivos, de contención y disuasión, incluyendo los mecanismos de externalización de fronteras”, lo que constituye “una violación del Derecho internacional de los refugiados y el Derecho internacional humanitario”.
Cambio climático, otro flagelo
El integrante de Clamor ha lamentado que los gobiernos “fuerzan a las personas a vivir en la irregularidad” al no implementar los marcos legales, lo cual deriva en “explotación, trata o migración a otros países”.
Otra de las causas de la migración – explicó Genina – son los efectos del cambio climático y desastres naturales por causa del extractivismo, deforestación.
Ante ello, es indispensable “contemplar estas causales como parte de la definición ampliada de refugiado de Cartagena” y garantizarles “protección internacional”.
Propuestas desde la Iglesia
Con base en estas observaciones, el catedrático ha expuesto algunas propuestas a “partir de un enfoque de derechos humanos, basado en el principio pro persona”.
Esto implica que los Estados se aparten de “los enfoques centrados en seguridad y contención para evitar la criminalización de las personas, así como la militarización y externalización de las fronteras”.
Asimismo ha pedido mayor “voluntad política” en la aplicación de los marcos legales sobre refugio y “fortalecer las instituciones encargadas del reconocimiento de la condición de refugiado, dotándolas de recursos humanos y financieros suficientes”.
Un aspecto clave es fomentar políticas de integración “diseñadas a partir de las necesidades de la población interesada, simplificando los procedimientos administrativos”.
Por supuesto, los mecanismos de seguimiento y monitoreo no pueden faltar, para lo cual resulta clave establecer parámetros e indicadores “contando también con la efectiva participación de todos los actores relevantes”.
Foto: EFE
