Red eclesial Clamor propone “decálogo por los migrantes” al Congreso de Colombia

Señalan que miles de migrantes en el Darien “se exponen a riesgos propios de la selva pero también de otras situaciones de vulneración de derechos”

Integrantes de la Red Clamor

La Red eclesial Clamor ha propuesto un decálogo con peticiones para el Congreso de la República de Colombia, a partir de una experiencia vivencial “Caminando Juntos en el Darién”, realizada a finales de julio.



Fue en una audiencia pública realizada en Necoclí – en el Urabá antioqueño al norte del país – como prosperaron estas 10 propuestas con el objetivo de mitigar los efectos de la migración irregular en esta región.

Ante la crisis humanitaria provocada por la falta de garantías para la población migrante, obligada a transitar por el conocido Tapón del Darién, proponen que “Colombia se convierta en una comunidad de acogida, protección, promoción e integración, sin dejar fuera a nadie”.

Advirtieron que miles de migrantes “se exponen a riesgos propios de la selva pero también de otras situaciones de vulneración de derechos”, por eso, pidieron al Gobierno “se abra al diálogo, a la solidaridad y la misericordia transformadora”.

1) Mayor articulación

Una articulación de las instituciones del Estado a nivel nacional, regional e internacional, liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Presidencia de la República de Colombia, para reactivar los mecanismos como el Parlamento Andino y el Observatorio de Migraciones y vincular otros países pertenecientes a la ruta del Darién.

Estos países son Chile, Ecuador, Brasil, Perú, entre otros. A su vez, animar a implementar mecanismos transnacionales que permitan analizar los contextos y dar respuestas a las situaciones que padece la población migrante, teniendo en cuenta que la situación del Darién va más allá de la frontera.

2) Migración segura

Garantizar el derecho a migrar de manera segura, de manera que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Migración Colombia desarrolle mecanismos efectivos para el acceso a las rutas de protección internacional, protección temporal y protección complementaria como lo menciona la sentencia de la Corte Constitucional SU 543 de 2023.

No solo a las personas con vocación de permanencia, sino también a aquellas que se encuentran en tránsito. Promover vías de regularización permitirán robustecer la protección que cualquier migrante necesitaría en el territorio colombiano, según lo establecido por la Sentencia T 246-2024.

3) Enfoque de derechos

Recalcar la necesidad de un enfoque en derechos humanos en la política integral migratoria, mediante el cual se incorporen medidas efectivas frente a las obligaciones del Estado y que responda a la normativa nacional, regional e internacional, en materia de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas que deben migrar de manera forzada.

4) Mecanismos de denuncia

Generar mecanismos de denuncia durante la ruta migratoria, así como también herramientas para compartir la información, teniendo una mayor intervención del Estado en el Darién.

5) Prevención y protección

Crear mecanismos de prevención y protección, liderados por el Ministerio Público, la Fiscalía General de la Nación, Ministerio de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores frente a delitos hacía la población migrante.

También es importante reconocer y abordar las múltiples violaciones que surgen en la ruta con un enfoque de derechos para las víctimas, tornándose necesario incluir medidas de prevención y protección, rutas efectivas de atención y garantizar el pleno acceso a la justicia y de protección internacional.

Red Clamor en audiencia pública con Congresistas colombianos

6) Respuesta intersectorial

Mejorar la coordinación de la respuesta intersectorial liderada por el Gobierno Nacional de la cooperación, donde participe la sociedad civil y la Iglesia, en aras de tener datos más acertados en coordinación con el Gobierno de Panamá que alimenten las políticas públicas y las acciones legislativas.

Además, será necesario evaluar periódicamente las necesidades de protección de la población, dentro de las mesas migratorias y espacios que ya se encuentran en el territorio.

7) Integración socioeconómica

Incluir a la Cámara de Comercio, Ministerio del trabajo y Superintendencia de Industria y Comercio para promover la integración socioeconómica mediante el favorecimiento a oportunidades laborales formales acordes al perfil migratorio de la población.
Es necesario y urgente desarrollar programas de integración y reasentamiento con la comunidad de acogida y migrantes con vocación de permanencia que permitan la cohesión como sociedad y el disfrute de derechos.

8) Campañas de sensibilización

Llevar a cabo campañas de sensibilización dirigidas a la población colombiana para promover la solidaridad y la comprensión hacia los migrantes, reduciendo la xenofobia y la discriminación, así mismo informar los riesgos y costos que implica migrar.

De la misma manera es prioritario apoyar a los gobiernos locales en la implementación de medidas de seguimiento y protección migratorias, así como la revisión del presupuesto asignado para atender estas necesidades.

9) Atención a la niñez migrante

Mejorar la capacidad instalada para la atención y protección, especial a favor de la niñez, enfatizando en los niños, niñas y adolescentes separados o no acompañados. Es necesario considerar a la niñez migrante como sujetos de especial protección constitucional e internacional y garantizar su educación, salud, vivienda y alimentación mientras que se encuentran en el territorio.

10) Negociadores de paz

Solicitar a los negociadores de paz por parte del Gobierno Nacional, incluir como un punto central en los diálogos con actores armados no estatales el cese de acciones que atenten contra los derechos de los migrantes y de la población en general, en particular la trata y tráfico de personas en el marco de la violencia y el conflicto armado que acontece en la región.

El delito de trata de personas cometido por las organizaciones criminales y los actores armados contra personas refugiadas y migrantes conlleva a una múltiple afectación debido a que se encuentra relacionado con otros delitos.

Por eso, su abordaje y respuesta como Estado debe ser de manera integral y, dada su dimensión transnacional, deben promoverse acciones de control desde una perspectiva regional.

 

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