El sacerdote Leonel Balmaceda, administrador de la parroquia Jesús de la Caridad, del municipio de la Trinidad, en la Diócesis de Estelí, fue detenido el 10 de agosto junto con la laica Carmen Sáenz, colaboradora de la Curia Episcopal de la Diócesis de Matagalpa.
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En tanto, el sacerdote Denis Martínez, de la Diócesis de Matagalpa, fue detenido por la Policía Nacional este domingo 11 de agosto.
Las detenciones se dieron a conocer a través de lo publicado por medios de comunicación de la disidencia, así como por la abogada en el exilio Martha Patricia Molina, autora de los informes ‘Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?’, quien sostiene que “la dictadura sandinista pretende exterminar la presencia de la Iglesia católica en la Diócesis de Matagalpa”.
“Los secuestros de sacerdotes continuarán”
Apenas este 10 de agosto el gobierno, dirigido por el presidente Daniel Ortega, publicó, sin más explicaciones, que siete sacerdotes habían sido enviados al Vaticano. Estos habían sido aprehendidos en las últimas semanas sin conocerse los motivos.
Respecto a esta nueva detención, la abogada Molina sostiene que Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua y esposa del presidente Ortega, “debe de comprender que su tiempo en la Tierra está llegando a su final y que todo el daño que hoy le causa a inocentes será su martirio y rechinar de dientes, y que sus policías, paramilitares y jueces que hoy secuestran, vigilan, encarcelan y persiguen, no tendrán ningún poder en su juicio final”.
Sacerdote Denis Martínez de la Diócesis de Matagalpa. Foto: Info-Diócesis de Estelí
Asimismo, refirió haber sido informada de que “los secuestros de sacerdotes por órdenes de Murillo continuarán. Al menos 10 sacerdotes de la Diócesis de Estelí y Matagalpa ya están en la mira. No puede seguir secuestrando, ni los países (pueden seguir) siendo indiferentes ante estos delitos de lesa humanidad”.
Persecución religiosa detonada en 2018
En enero de este año, el gobierno de Nicaragua exilió al Vaticano al obispo de Matagalpa y administrador de Estelí, Rolando Álvarez, y al obispo de Siuna, Isidoro Mora, junto con 15 sacerdotes y dos seminaristas nicaragüenses, a los que tenía privados de libertad.
El obispo Rolando Álvarez fue privado de su nacionalidad y detenido bajo las acusaciones del gobierno de cometer delitos considerados traición a la patria.
La persecución a religiosos católicos tiene su inicio en el año 2018 cuando se desataron protestas sociales contra el gobierno, que anunciaba reformas a la seguridad social.
En ese marco de represión social, que ocasionó la muerte de más de 350 personas -cifra no reconocida por el gobierno de Nicaragua-, la Iglesia alzó la voz contra el actuar represivo del gobierno, y una de las principales voces críticas fue la del obispo Álvarez, quien fue detenido desde agosto de 2022 y a quien le dictaran en febrero de 2023 una sentencia a prisión por 26 años.
