Obispos venezolanos rechazan ‘orden de captura’ contra Edmundo González Urrutia

También han pedido a Maduro que muestre “las actas” a más de 30 días de las elecciones, porque “desconocer la soberanía popular del voto es moralmente inaceptable”

Nicolás Maduro sigue sin presentar las actas de su victoria electoral a pesar de los pedidos de una gran parte de la comunidad internacional, incluido sus tres grandes aliados Colombia, México y Brasil.

Mientras tanto la situación sigue tensa, en medio de una férrea persecución, que tiene a más de 1674 detenidos, entre estos menores de edad, y una orden de captura contra Edmundo González Urrutia, virtual ganador con el 70 % de votos según las actas presentadas por sus testigos electorales.

Edmundo Gonzalez Maria Corina Machado EFE

Edmundo González Urrutia junto a la líder venezolana María Corina Machado, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE

Los obispos venezolanos en un tercer intento han vuelto a pedir al líder socialista que “muestre los resultados”, porque “desconocer la soberanía popular manifestada a través del voto es moralmente inaceptable, ya que se aparta gravemente de la verdad y de la justicia”.

Todo ello en medio del controvertido fallo del Tribunal Supremo que de manera inapelable declaró ganador a Maduro y de los últimos apagones nacionales, que según el régimen se trata de un sabotaje del imperialismo.

Inquietud y zozobra

Los obispos se han referido a la persecución desatada contra “testigos de mesas, comunicadores sociales, el candidato con mayor número de votos y dirigentes de la oposición”.

Con ello, fijan posición sobre la orden de captura que pesa sobre González Urrutia, emitida por el Ministerio Público – en manos chavistas – el 2 de septiembre con la que contradicen de “forma clara los principios de pluralidad política e independencia de los poderes públicos garantizados por la Constitución y las leyes de la República”.

Para el Episcopado venezolano “estos hechos han generado un clima de inquietud y zozobra en amplios sectores de la población” y atentan contra “la sana convivencia ciudadana” y “obstaculizan gravemente la superación, con el concurso de todos, de los grandes problemas y necesidades que nos afectan como nación”.