La propuesta de reforma judicial impulsada por el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no responde a una revisión integral del sistema judicial y tampoco garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia.
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Así lo consideró la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ante la posible aprobación de la reforma constitucional sobre el Poder Judicial de la Federación, a partir de la iniciativa presentada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, misma que fue aprobada en la primera instancia por la Cámara de Diputados y que está próxima a analizarse por el Senado de la República.
Protestas y manifestaciones en contra de la reforma
La Iglesia mexicana expresó su preocupación por esta iniciativa de reforma constitucional, en medio de una serie de protestas de diferentes actores sociales, pues entre las modificaciones que presentó AMLO al Congreso destaca la reorganización de tribunales y la elección de jueces y magistrados por medio del voto popular.
Al respecto, la Iglesia pidió al Senado de la República escuchar el punto de vista de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, a los Jueces y Magistrados, ministros y ministras, y alentó a continuar las reflexiones de colegios de abogados, estudiantes y profesionistas que coinciden en que la elección de jueces y magistrados, a través de elecciones, además de politizar y debilitar la impartición de la justicia, no ofrece garantía para superar la corrupción y la impunidad que requiere urgentemente la ciudadanía.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
“Hacemos votos para que el Senado de la República, tomando en cuenta su gran responsabilidad y la trascendencia del tema, se dé el tiempo suficiente para reflexionar con profundidad, analizar con prudencia y reconstruir el diálogo con todos los sectores de la sociedad, más allá de partidismos innecesarios, contemplando el bien de la nación”.
Por una reforma integral
En este contexto, el episcopado llamó a avanzar a una reforma integral que incluya a las fiscalías, los tribunales locales, el respeto a la carrera judicial, así como la justicia federal tan necesaria para México.
Recordó que los obispos mexicanos, junto con otras instancias de la Iglesia y la sociedad civil, promovieron desde el 2022 una serie de diálogos con distintos sectores de la sociedad que culminaron en la Agenda Nacional por la Paz, cuyos compromisos firmó en su momento la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
En esta Agenda Nacional por la Paz la Iglesia expresó la necesidad de reconstruir de forma integral la justicia en México en todos sus niveles, un reclamo de la sociedad mexicana, especialmente de las víctimas de la violencia criminal generalizada en todo el país y la impunidad propiciada por las limitaciones y la corrupción de algunos impartidores de justicia; sin embargo, la reforma que propone el presidente, lejos de avanzar en este sentido -apuntó la Iglesia- además de no responder a una revisión integral del sistema judicial y garantizar una mejor impartición de justicia, afecta la autonomía del Poder Judicial y pone en entredicho la división de poderes que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
