La alianza formada por seis organizaciones especializadas en el acompañamiento social y jurídico de personas migrantes y refugiadas (Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes) han “valorado positivamente”, por medio de un comunicado, “algunas de las reformas propuestas por el Gobierno, reconociendo que se han incorporado aportaciones clave compartidas por las entidades sociales, tales como la reducción del periodo de residencia previa para obtener la regularización o la simplificación de los procedimientos de arraigo”. Sin embargo, consideran que “todavía existe un amplio margen de mejora”.
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“El Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que en estos momentos está en proceso de reforma, es un instrumento clave en la política migratoria y herramienta fundamental para promover la inclusión de la población migrante en España”, subrayan estas entidades.
Por ello, han presentado una batería de propuestas dirigidas a garantizar vías de entrada seguras y regulares que eviten la irregularidad administrativa, tales como la concesión de visados, la flexibilización de la figura de la reagrupación familiar para procurar el derecho a la vida en familia de las personas migrantes y la rebaja de los períodos de residencia exigidos para solicitar las autorizaciones de residencia y trabajo como única vía para evitar situaciones de exclusión y desprotección.
Migrantes
Reagrupación familiar
En este sentido, Diego Fernández Maldonado, abogado del equipo de Incidencia Política de Cáritas Española, explica que la reagrupación familiar se produce porque “muchas personas migrantes se ven obligadas a separarse cuando emigran. Habitualmente viene primero la mamá o viene primero el padre y luego en un futuro los hijos”.
“Está previsto que estas personas -que ya viven con nosotros- puedan traer a miembros de sus familias”, subraya. “En la actualidad consideramos que los requisitos para esa reagrupación familiar son muy rígidos, ya que exigen unos medios económicos muy altos y unos requisitos de vivienda que son de muy difícil obtención porque no se ajusta a la realidad de las personas migrantes y, en general, de la sociedad”.
En el listado incorporan también propuestas relativas a la propia tramitación de las autorizaciones, que en la actualidad representa la primera barrera con la que se encuentran las personas migrantes para poder regularizar su situación. De esta manera, se propone reforzar las vías presenciales de presentación de solicitudes de expedientes de extranjería, con medidas como la creación de puntos de información, acompañamiento y orientación a las personas, con el fin de reducir la elevada brecha digital que se advierte en el acceso a la administración de extranjería, la traducción de la documentación a los idiomas más habituales o el uso de intérpretes.
“Hay muchas personas que por las circunstancias variadas que existen en su país de origen no pueden estar documentadas”, asevera Fernández. “Su país no puede darles un pasaporte, por ejemplo. Esto implica que la persona llega a España y está completamente indocumentada. No tiene forma de identificarse. Esto tiene un impacto en todas las relaciones con la administración, desde la más básica, como empadronarse, hasta poder solicitar cualquier tipo de procedimiento ante la administración”.
Proteger el acceso a la justicia
Además, se insiste en la necesidad de proteger el acceso a la justicia y a la denuncia segura para las personas en situación administrativa irregular que son víctimas de delito, de manera que la condición de víctima prime sobre el estatuto de residencia, y puedan evitarse situaciones de gran desprotección, expulsión, infradenuncia e impunidad del denunciado o infractor.
“La normativa de extranjería debe garantizar que no haya niños y niñas en situación irregular y para ello se requiere seguir profundizando en los instrumentos de protección y reconocimiento de derechos de las niñas y niños migrantes, acompañados o no por sus familias”, insisten. En este sentido, “se deben incorporar propuestas más amplias que las del texto presentado en cuanto a la autorización de residencia legal para menores que han nacido en España o la adaptación del sistema de determinación de la edad a la normativa internacional, entre otras”.
Por último, las seis organizaciones firmantes consideran necesario seguir avanzando en la modificación del Reglamento de Extranjería “de forma dialogada y participada” para desarrollar, así, “una política migratoria que no solo ponga el foco en las necesidades del mercado laboral español, sino que se aborde todos los obstáculos normativos y estructurales que impiden a la población migrante su plena participación en la sociedad española en igualdad de derechos”.
