Esta mañana, unas 150 personas han asistido a la jornada ‘Camí a la regularització: formació i ocupació per a tothom’, celebrada por Cáritas en la sede de Barcelona Activa. Durante la jornada, la entidad ha querido hacer valer la importancia de contar con el tejido social y económico para lograr que las personas en situación administrativa irregular puedan regularizar su situación.
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David Moya, nuevo director general de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya ha apuntado que en Catalunya se estima que hay unas 190.000 personas en situación administrativa irregular, y que esta situación genera procesos de exclusión social, económica y jurídica. “Nos preocupan especialmente las personas que viven en situación de calle o los temporeros. Desde esta dirección general nos esforzaremos para mitigar todos los aspectos ligados a la irregularidad”, ha indicado.
En este sentido, Moya ha afirmado que este trabajo debe hacerse con los entes municipales, pero también con el apoyo de las entidades sociales que trabajan sobre el terreno, como es el caso de Cáritas. Cáritas ha alertado que cada vez son más las personas que les piden ayuda y que se encuentran en situación administrativa irregular.
“Durante 2023, el 55% de las personas que atendimos se encontraban en esta situación, 30 puntos más que en 2017”, ha alertado Elisabet Ureña, responsable del programa de migración de Cáritas Barcelona. Ureña ha indicado que es la primera vez que las personas en situación irregular representan a más de la mitad de las personas atendidas por Cáritas Barcelona, y que esto demuestra que es un fenómeno creciente, que hay que abordar de inmediato.
Ciudadanos de segunda
“La irregularidad administrativa provoca vulnerabilidad, un riesgo elevado de caer en la exclusión: trabajo precario, dificultades de acceso a una vivienda digna, dificultades de acceso al padrón, dificultades de acceso a servicios sociales… Todo ello hace que estas personas sean invisibles, tratadas como ciudadanos de segunda”, ha explicado.
Cáritas ha recordado que, según el último informe FOESSA de 2022, la nacionalidad tiene un papel clave a la hora de agravar las situaciones de pobreza. La prevalencia de la exclusión entre las personas de nacionalidad extranjera, aunque no se encuentren en situación administrativa irregular, multiplica por 3,2 la de las personas de nacionalidad española. Así, el 72% de las personas de nacionalidad extranjera de la diócesis de Barcelona se encuentran en exclusión social.
A pesar de este contexto, Ureña ha defendido que existen cifras por la esperanza, y que la jornada es una buena muestra de ello. “Durante 2023, en Cáritas hemos tramitado 822 procesos de regularización. Esto no lo hemos hecho solos, sino que contamos con la complicidad y apoyo de empresas, administraciones y entidades que creen en la inserción laboral como una herramienta para conseguir que las personas puedan regularizarse”, ha afirmado.
Durante la jornada, empresas, entidades y cooperativas como Biciclot, Mitie Facilities Services S.A., Fundación Intermedia o Sinergia, Team & Training, S.L. han podido compartir su experiencia a la hora de ofrecer oportunidades a personas migrantes para regularizarse, poniendo de manifiesto las dificultades burocráticas que existen para llevarlo a cabo.
Jornada Camí a la regularització en Barcelona
Dar esperanza a las personas
Para Ureña, el tejido económico es una pieza imprescindible para dar esperanza a las personas que buscan una oportunidad laboral. “La responsabilidad social corporativa es uno de los motivos para contar con la implicación de las empresas en esta contratación, pero también es necesario remarcar que las personas contratadas, a pesar de su situación administrativa, son competentes, capaces, profesionales y que aportan valor añadido a sus puestos de trabajo”, ha dicho.
En este sentido, ha explicado que el 40% de las personas acompañadas desde los espacios de búsqueda de empleo de Cáritas, por ejemplo, tienen estudios secundarios y superiores. “No podemos perder el talento de personas formadas que se encuentran en economía sumergida, y por eso pedimos que se sigan impulsando políticas como la ACOL, el arraigo por formación y se avance en un menor tiempo de espera y gratuidad por las homologaciones de estudios”, ha pedido.
Finalmente, Amèlia de Juan, responsable de acción social de Cáritas Diocesana de Barcelona, ha llamado a erradicar y condenar los discursos de odio hacia el diferente. “Son discursos que criminalizan a personas que a diario nos atienden al sector servicios, que cuidan de nuestros mayores, y que hacen el trabajo que, en muchas ocasiones, nosotros no queremos hacer. Personas que han venido buscando un futuro mejor. Es necesario que las personas en situación administrativa irregular sepan que tienen unos derechos, y que hay que defenderlos hasta las últimas consecuencias”.
De Juan ha recordado que en Catalunya hay 780.000 personas extranjeras trabajando sobre un total de 3.800.000 ocupados “6 de cada 10 trabajos creados durante 2023 en Catalunya fueron ocupados por personas migrantes. Actualmente, las personas migrantes aportan el 10% de los ingresos que cada año recauda la Seguridad Social y solo le supone un 1% de su gasto”.
“¿Catalunya puede permitirse tanto talento desperdiciado? ¿Tantas personas pueden continuar condenadas a sobrevivir de la economía sumergida o de las ayudas de entidades como Cáritas?”, se ha preguntado la responsable de acción social de Cáritas Barcelona. Ante una ciudadanía cada vez más encerrada en sí misma, de Juan ha pedido convertirse en sociedad de acogida.
“El papa Juan Pablo II decía que la condena del racismo, la tutela de las minorías, la asistencia a los prófugos y refugiados, la movilización de la solidaridad internacional para todos los necesitados no son más que aplicaciones coherentes del principio de la ciudadanía mundial. Estamos hablando de seguir a un Jesús que se relacionaba con las personas que quedaban en los márgenes. Se trata de recuperar ese mensaje de Jesús, que era el de acoger al extranjero, al diferente”, ha concluido.
