La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) a través de la Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana condenó el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado, lo que provocó en Chiapas la muerte de seis personas migrantes, mientras que diez más resultaron heridas.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
¿Qué fue lo que ocurrió?
Los hechos ocurrieron en el estado fronterizo con Guatemala, cuando dos militares dispararon contra una camioneta que presuntamente intentaba evadir un retén. De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional de México, ocurrió en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, donde los integrantes del Ejército dispararon al escuchar detonaciones y ver pasar el vehículo a alta velocidad, acompañado por otras dos camionetas con caja abierta “como las que usan grupos delincuenciales en esa región”.
El informe de la Secretaría de la Defensa no contiene información sobre los detalles en que murieron las personas; es decir, si fue por efectos de los disparos o a causa del choque que provocaron las balas. Sólo señala que los militares hallaron a cuatro personas muertas en el acto, 10 heridas y otras 17 que resultaron ilesas. Dos de los heridos fallecieron más tarde en el hospital, indicó la Secretaría.
Los 33 migrantes son de nacionalidad egipcia, nepalí, cubana, hindú, pakistaní y árabe. Las personas ilesas fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración.
Consecuencia de la militarización
Para la Conferencia del Episcopado Mexicano, esta tragedia no es un hecho aislado, sino consecuencia de la militarización de la política migratoria, y una mayor presencia de fuerzas armadas en la frontera sur del país.
Migrantes y Guardia Nacional. (2022) Foto: EFE
“Por la naturaleza y gravedad de los hechos y al existir un contexto de violación sistemática de derechos humanos, así como una política migratoria basada en la militarización, el Estado mexicano está obligado a realizar una investigación seria, imparcial y efectiva; de lo contrario, si estos hechos no son investigados con la debida diligencia, resultaría de algún modo, auxiliados por el poder público comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado mexicano”, aseveró la Iglesia.
La Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana, a cargo del obispo Guadalupe Torres Campos, de Ciudad Juárez, consideró que el Estado mexicano está obligado a adoptar medidas para limitar la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de orden público y en materia de control y revisión migratoria a situaciones excepcionales y asegurar el cumplimiento de medidas preventivas en el uso de la fuerza.
Recordó el principio de la centralidad de la persona humana, expresado con firmeza por el papa Benedicto XVI, que nos obliga -dijo el obispo- a anteponer siempre la seguridad personal a la nacional.
“Por tanto -concluyó- es necesario formar adecuadamente al personal encargado del control en las fronteras. En nombre de la dignidad fundamental de cada persona, es necesario esforzarse para preferir soluciones que sean alternativas a la contención de las personas en situación migratoria irregular que entran en el territorio nacional y la militarización de la frontera.
Finalmente, la Iglesia se solidarizó con las víctimas y sus familiares, extendiendo nuestras oraciones por las personas migrantes que murieron en este operativo del Ejército mexicano, y por la pronta recuperación de las personas heridas.
