La Jornada Mundial por el Trabajo Decente, que se conmemora cada 7 de octubre, es un grito de alarma, una denuncia pública de la explotación laboral y la precariedad que marcan la vida de millones de personas en todo el mundo. No es una fecha para celebraciones, sino para exigir, con toda la firmeza posible, que se tomen medidas urgentes para poner fin a un sistema laboral que, lejos de dignificar, deshumaniza y oprime. Mientras permitamos que el trabajo sea una fuente de sufrimiento y pobreza, no podremos hablar de justicia social. El trabajo sin dignidad es una condena, y lo peor es que estamos condenando, con nuestra inacción, a generaciones enteras.
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El papa Francisco ha sido claro y contundente en su denuncia de esta realidad: “La economía mata” cuando pone al capital por encima de las personas. Estamos viviendo una época en la que las ganancias económicas y la competitividad empresarial han secuestrado el verdadero propósito del trabajo, que no es otro que el de ser un medio para el desarrollo integral de la persona humana. Pero ¿qué vemos hoy? Vemos un mercado laboral que no respeta a las personas, que las explota, que las deja en la pobreza a pesar de tener empleo y que sacrifica su bienestar físico y mental por el bien de los balances contables.
La precariedad laboral: un sistema roto que no respeta la dignidad humana
En España, la precariedad laboral no solo es un problema persistente, sino que es una herida abierta que el sistema político y económico ha permitido que se agrave con el tiempo. Más del 16,5% de los trabajadores en España están sujetos a contratos temporales, lo que implica una incertidumbre constante y una imposibilidad de planificar el futuro. Miles de personas viven atrapadas en un ciclo de empleos temporales, sin estabilidad, sin seguridad laboral, y con el miedo constante de perder el trabajo de un día para otro.
Esta temporalidad, que debería ser la excepción, se ha convertido en la norma, y no podemos normalizarla. No podemos seguir aceptando como normales las situaciones que provocan sufrimiento y que, por su repetición, corren el riesgo de ser ignoradas. Este sistema es inhumano y necesita un cambio estructural. No podemos hablar de un trabajo digno mientras millones de personas viven en una precariedad que las priva de sus derechos más básicos y las condena a una vida de incertidumbre y angustia.
A esta precariedad laboral se suma una pérdida brutal del poder adquisitivo de los salarios. En los últimos años, los salarios en España han perdido un 9,5% de su poder adquisitivo, mientras los precios de bienes y servicios esenciales siguen subiendo. Esta realidad golpea a las familias trabajadoras de manera cruel, porque 2,5 millones de personas en España viven en la pobreza a pesar de tener empleo. ¿Cómo es posible que una persona que trabaja siga siendo pobre? No es solo una injusticia, es una violación flagrante del derecho humano a una vida digna.
La tragedia de los migrantes: la explotación que se oculta a plena vista
Y si la precariedad es preocupante, la situación de los trabajadores migrantes es sencillamente devastadora. En España, 475.000 migrantes trabajan en la más absoluta ilegalidad, sin derechos, sin protección y con salarios de miseria. Estas personas, que ya han vivido el drama de la migración, son explotadas en condiciones de semi-esclavitud, en sectores que dependen de su mano de obra barata pero que no les ofrecen la más mínima garantía de dignidad o justicia.
El papa Francisco, en sus diferentes intervenciones, ha condenado de manera directa esta realidad, trasladándonos que toda persona tiene derecho a un trabajo que le garantice una vida digna, independientemente de su origen o situación legal. No podemos seguir permitiendo que los migrantes sean víctimas de un sistema que los trata como mercancías desechables. Es urgente que se lleve a cabo una regularización extraordinaria de los migrantes, para que puedan acceder a los derechos laborales que se les niegan y que se les siga explotando bajo el amparo de una ilegalidad que solo beneficia a quienes se lucran de su desesperación.
La siniestralidad laboral: la muerte en el trabajo es una vergüenza nacional
Uno de los mayores fracasos del sistema laboral en España es la alarmante cifra de 762 muertes en accidentes laborales en 2023. Esto no son simples cifras, son vidas humanas que se han perdido porque el sistema no ha sido capaz de garantizar condiciones laborales seguras. Debemos afirmar con claridad moral que un trabajo que pone en peligro la vida no es digno, es un crimen.
Estas muertes son una tragedia nacional y deberían estar en el centro del debate público. Pero no lo están. El silencio ante esta realidad es ensordecedor. ¿Cuántas vidas más se necesitan perder para que el sistema reaccione? La seguridad laboral debe ser una prioridad absoluta, y las empresas que no cumplan con los estándares de seguridad deben ser castigadas con la máxima severidad. No podemos seguir permitiendo que los trabajadores paguen con su vida los errores y negligencias de sus empleadores.
El impacto global: la precariedad no tiene fronteras
La crisis del trabajo decente no es solo un problema de España, es un problema global. En todo el mundo, millones de personas están atrapadas en empleos precarios, mal remunerados y sin ninguna protección social. La crisis del trabajo decente es una de las grandes tragedias de nuestra era, y es el resultado de un sistema económico que, como bien ha denunciado el papa Francisco, ha transformado a los trabajadores en simples piezas de un engranaje, reemplazables y descartables.
Esta es una crisis que afecta tanto a los países más empobrecidos como a las grandes economías desarrolladas. Desde los trabajadores textiles en Bangladesh, que trabajan jornadas interminables por salarios miserables, hasta los empleados de plataformas digitales en Europa, que son tratados como autónomos para evadir derechos laborales, la explotación y la precariedad laboral no conocen fronteras. El mercado laboral global se ha convertido en un campo de batalla donde los más vulnerables siempre pierden.
El trabajo y el medioambiente: una lucha conjunta
No podemos hablar de justicia laboral sin hablar de justicia ambiental. El papa Francisco, en su encíclica Laudato si’, nos recuerda que la justicia social y la justicia ambiental están profundamente interconectadas. No puede haber un trabajo decente si ese trabajo está destruyendo nuestro planeta. El trabajo debe ser sostenible, debe respetar el medioambiente y debe contribuir a la construcción de una economía circular que ponga fin a la explotación irracional de los recursos naturales.
Esto significa que las políticas laborales también deben fomentar la creación de empleos verdes, que protejan tanto a las personas como al planeta. No podemos seguir destruyendo la Tierra mientras explotamos a los seres humanos. El trabajo debe ser una fuerza positiva para la sociedad y para el medioambiente.
Una urgencia moral: medidas para una acción inmediata
El trabajo decente es una obligación moral y no podemos seguir posponiendo su cumplimiento. Necesitamos políticas valientes y audaces que pongan a la persona en el centro del sistema laboral. No podemos seguir aceptando un sistema que sacrifica a las personas en el altar de la rentabilidad económica.
Primero, es fundamental que la legislación laboral se revise para garantizar la estabilidad en el empleo. Los contratos temporales deben ser la excepción y no la norma, y se deben implementar mecanismos que aseguren un salario mínimo que permita vivir con dignidad. No podemos seguir permitiendo que las personas trabajadoras se vean condenadas a la pobreza a pesar de tener empleo.
Segundo, es urgente que se reduzca la jornada laboral sin pérdida de salario. La tecnología ha avanzado enormemente, pero seguimos pidiendo a las personas que trabajen jornadas extenuantes. La reducción de la jornada es una medida imprescindible para mejorar la calidad de vida de las personas trabajadoras y para permitir una conciliación real entre la vida personal y profesional.
Tercero, la regularización extraordinaria de los trabajadores migrantes es una necesidad imperiosa. No podemos seguir permitiendo que medio millón de personas vivan en la clandestinidad laboral, sin derechos ni protección.
Cuarto, la seguridad laboral debe ser una prioridad absoluta. Las muertes en el trabajo son una tragedia que no podemos seguir aceptando como inevitables. Se necesitan políticas de prevención mucho más estrictas y sanciones más duras para quienes no cumplan con las normas.
Finalmente, es necesario fomentar el empleo sostenible. No puede haber justicia laboral si destruimos el medioambiente. El trabajo debe ser una fuerza para el bien, tanto de las personas como del planeta.
El trabajo como un derecho humano fundamental
La lucha por un trabajo decente es, ante todo, una lucha por el reconocimiento de que el trabajo es un derecho humano fundamental. La Doctrina Social de la Iglesia subraya que el trabajo no solo es un medio de subsistencia, sino que es una vía para la realización personal, un camino hacia la dignidad humana. No podemos seguir ignorando que cuando el trabajo se convierte en un instrumento de explotación y sufrimiento, estamos traicionando ese derecho fundamental.
Cada vez que un trabajador es explotado, cada vez que se le niega la posibilidad de un salario justo o de condiciones laborales seguras, estamos menospreciando su dignidad. Y al hacerlo, también estamos menospreciando nuestra propia humanidad. La conexión entre la dignidad humana y el trabajo decente es innegable, y es nuestra responsabilidad colectiva asegurarnos de que cada individuo tenga la oportunidad de trabajar en condiciones que respeten su integridad y valor.
Una llamada a la acción colectiva
Este 7 de octubre, hagamos una llamada a la acción colectiva. Necesitamos unirnos como sociedad para exigir que se priorice la dignidad del trabajador por encima de los intereses económicos. Desde la política hasta las empresas, cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esta lucha. Debemos ser los defensores de una cultura laboral que no solo respete, sino que promueva la dignidad humana.
Los sindicatos, las organizaciones sociales, la Iglesia y toda la ciudadanía debemos alzar nuestras voces en contra de la precariedad y la explotación. No podemos permanecer en silencio mientras millones de trabajadores sufren. Es el momento de transformar nuestro indignado silencio en un grito de justicia que resuene en todos los rincones del mundo.
La esperanza no debe ser una ilusión, sino una acción. Debemos presionar a nuestros gobiernos para que implementen políticas que aseguren que el trabajo sea una fuente de dignidad, no de sufrimiento. Debemos exigir un cambio en la narrativa que rodea el trabajo, donde la economía no sea el único rey en la mesa.
La historia nos enseña que el cambio es posible, que cuando la sociedad se une y actúa en solidaridad, puede transformar realidades. No esperemos a que otros lo hagan por nosotros. Cada acción cuenta, cada voz importa, y cada esfuerzo puede marcar la diferencia.
La lucha por un trabajo decente es una lucha por un futuro mejor. Es la lucha por la dignidad humana, por la justicia social, por un mundo donde cada persona pueda vivir y trabajar con el respeto que merece. ¡Es hora de actuar! La dignidad no puede esperar, y la transformación de nuestro sistema laboral debe comenzar hoy.
Por un trabajo digno, por la dignidad de cada ser humano, ¡unámonos en esta causa! La justicia no es un ideal distante, es una exigencia del presente. Juntos, hagamos del trabajo decente una realidad para todos y todas.
