El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados el informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, y ha anunciado que publicará una actualización que recoja los nuevos testimonios que han llegado desde la entrega del informe hace algo más de un año. En su intervención, Gabilondo ha destacado que la cifra de víctimas se eleva a 674, de las cuales la gran mayoría son hombres (563), y ha reiterado que “se debe anteponer la reparación de las víctimas a cualquier otra diferencia ideológica o de creencias”.
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El Defensor ha detallado que el informe refleja un total de 674 víctimas de abusos sexuales, de las cuales 563 son hombres (84,19 por ciento) y 110 mujeres (15,61 por ciento). La mayoría de los afectados tenía entre 30 y 75 años en el momento de la entrevista, y la franja más representativa es la de 50 a 65 años, con 186 víctimas (39 por ciento). Asimismo, señaló que muchos de los testimonios recogen no sólo el sufrimiento emocional y cognitivo, sino también graves repercusiones en la vida afectiva, sexual y laboral de las víctimas, lo que demuestra que los abusos perduran a lo largo de la vida.
Muchos de los testimonios recogen sufrimientos que persisten a lo largo de la vida. Entre las secuelas emocionales, un tercio de las víctimas presenta síntomas de estrés postraumático y otro tercio síntomas depresivos, lo que pone de manifiesto el profundo impacto de estos abusos. En cuanto a las respuestas de la Iglesia, Gabilondo ha afirmado que, si bien algunas diócesis y organismos eclesiásticos han mostrado disposición a colaborar, la respuesta ha sido dispar y, en ocasiones, insuficiente, como se refleja en la falta de un “estatuto jurídico procesal” para las víctimas dentro del derecho canónico.
Encubrimiento y minimización
También destacó que los abusos en la Iglesia Católica no son un fenómeno aislado, sino que forman parte de un patrón histórico de encubrimiento y minimización por parte de la jerarquía eclesiástica, que ha comenzado a ser reconocida con ciertos protocolos de prevención, aunque insuficientes. Gabilondo instó a que tanto la Iglesia como los poderes públicos adopten compromisos conjuntos para proporcionar una respuesta efectiva a las víctimas y garantizar que estas reciban la reparación adecuada.
Durante su exposición, el Defensor ha señalado que es fundamental que exista “un mecanismo de coordinación” entre las oficinas de protección del menor y prevención de abusos de la Iglesia y las oficinas de víctimas de delitos dependientes del Ministerio de Justicia o de los gobiernos autonómicos. Este proceso de colaboración, según ha explicado, evitaría “la confusión” de las víctimas, quienes a menudo se encuentran con respuestas contradictorias o insuficientes. “Por el bien de las víctimas, es imprescindible que ambas instituciones adopten compromisos conjuntos”, ha subrayado el Defensor del Pueblo, instando tanto al Legislativo como al Ejecutivo a implementar de inmediato las recomendaciones del informe.
El informe incluye 24 recomendaciones clave, como la creación de un fondo estatal coparticipado por la Iglesia para compensar a las víctimas, la instauración de procedimientos administrativos para la reparación y el reconocimiento de la magnitud del daño, y la necesidad de una mayor apertura de los archivos eclesiásticos. También hizo un llamado a la creación de un órgano independiente para la reparación, con la participación activa de la Iglesia.
Romper el silencio
Además de las 24 recomendaciones que el informe contiene, Gabilondo ha destacado la importancia de crear un órgano independiente encargado de la reparación de las víctimas, que no esté sujeto a la discrecionalidad de ninguna institución. También ha propuesto la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a las víctimas, asegurando que la Iglesia no debe mantenerse al margen en este proceso, sino que debe colaborar activamente. Entre las recomendaciones más urgentes, Gabilondo ha insistido en la necesidad de garantizar que todos los profesionales que trabajen con menores reciban formación específica sobre abusos sexuales, especialmente en los centros educativos.
El Defensor del Pueblo ha lamentado que los poderes públicos no se hayan hecho cargo del problema hasta hace relativamente poco y ha señalado que, si bien ha habido avances legislativos en la regulación de delitos sexuales, las víctimas aún no han recibido la reparación que merecen en su mayoría. En este sentido, ha instado a que se adopten medidas concretas para garantizar que los derechos de las víctimas sean protegidos y que su sufrimiento sea reconocido de manera efectiva.
Largo camino por delante
El Defensor del Pueblo concluyó su comparecencia afirmando que, aunque el silencio sobre estos abusos ha comenzado a romperse, aún queda un largo camino por recorrer. “Las víctimas esperan una respuesta concreta, y esta no debe postergarse más”, enfatizó Gabilondo, subrayando la urgencia de que se adopten medidas legislativas y sociales para dar solución a este grave problema.
Finalmente, Gabilondo ha resaltado que el trabajo realizado por su institución ha sido clave para romper el silencio que ha prevalecido sobre los abusos en la Iglesia, pero ha advertido que aún queda mucho por hacer. “El informe del Defensor del Pueblo no es el fin del camino, sino un paso más en el proceso de reparación. La sociedad está en el momento de la respuesta, y depende de los poderes públicos y de la Iglesia dar los siguientes pasos para garantizar justicia“, ha remarcado. Las víctimas, muchas de las cuales han luchado durante años en silencio, ahora esperan que las instituciones actúen con urgencia y responsabilidad para reparar el daño causado.
