El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, anunció hoy que “en caso de que la diócesis o el instituto de vida consagrada no pueda hacer frente a la reparación integral a las víctimas de abuso “estaría detrás para responder la Conferencia Episcopal o la Conferencia Española de Religiosas”. El portavoz de los obispos presentó por primera vez la que definió como “una doble garantía” para indemnizar a quienes han padecido esta lacra en la rueda de prensa con motivo de la Asamblea Plenaria que se ha celebrado esta semana en Madrid.
- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información
- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos
Sobre la presentación del informe del Defensor del Pueblo ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados, el portavoz de los obispos expuso que “la Iglesia ha dado muchos pasos, ha iniciado un camino y ha asumido muchas de las indicaciones del informe”. Entre las iniciativas que se habrían aplicado, se encuentra la creación de una comisión para la reparación integral de las víctimas “Hemos creado esta otra vía para las que no han entrado en un proceso judicial”, remarcó, a la vez que confirmó que “todas las indemnizaciones por vía civil y canónica, me consta que las diócesis y congregaciones han pagado”.
Problema social
“Queremos responder de forma personalizada a lo que cada víctima demande, sea un acompañamiento psicológico o una indemnización económica”, planteó el secretario general, que subrayó que a priori serán las diócesis y las congregaciones.
“A lo mejor hemos llegado tarde en la Iglesia, pero hemos iniciado un camino que otros todavía no lo han hecho”, compartió García Magán. Al hilo de esta cuestión, aseveró que “el problema de los abusos a los menores es un problema social y eso el Defensor del Pueblo lo ha dicho por activa y por pasiva, todos tenemos que asumir un compromiso para erradicar esta lacra”.
Sin el Gobierno
En relación con el debate entre los grupos parlamentarios, el también obispo auxiliar de Toledo se limitó a dejar caer que “creo que la bancada azul estaba vacía”, subrayando en tono irónico la ausencia de los miembros del Gobierno en el Pleno.
Preguntado por la petición de que los delitos de abusos a menores no prescriban, defendió que “la ley canónica ya prevé el levantamiento de prescripción de estos casos”. “Nosotros no tenemos que decirle al Estado si debe levantar la prescripción o no y el Estado no tiene que decirnos a la Iglesia si tenemos que levantar la prescripción o no”, comentó justo después.
Archivos y prescripción
En relación a la apertura de los archivos de la Iglesia para investigar casos de pederastia, aseguró que “hemos colaborado” desde las distintas diócesis tanto con el Defensor del Pueblo como con el informe Cremades encargado por el propio Episcopado.
Entre las medidas que ya están en marcha en esta materia, señaló que 1.400 personas han participado ya en procesos de formación vinculados a la protección de menores. Además, anunció que los obispos buscan implementar una red de trabajo conjunto para salvaguardar a los menores y ratificó que ya están en marcha la comisión asesora de reparación que arrancó en septiembre.
En su intervención ante los medios, el portavoz de los obispos también mostró su solidaridad con las víctimas de la riada mortal que ha asolado varias regiones españolas. De la misma manera, dio a conocer otras iniciativas de la Iglesia española, como la iniciativa ‘Hospital de Campaña’, una red de ayuda a migrantes formada por diez países y 26 diócesis. También se presentó el Congreso Nacional de Vocaciones que se celebrará en febrero, el proyecto marco de pastoral juvenil y se ahondó en cómo aplicar las conclusiones del Sínodo de los Obispos. De la misma manera, se ha repasado el proceso de reagrupación de los seminarios que solicitó el papa Francisco hace un año en una cumbre inédita a la que convocó a todos los obispos españoles.
