Los beneficios se reparten entre los mismos de siempre, pero cuando lo que se reparte son problemas, entonces hay para todos, sobre todo para los más desfavorecidos. En la Comunidad de Valencia, el Gobierno autonómico se había comprometido a garantizar a todos los ciudadanos de la región una renta básica, en virtud de la Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía (Ley 9/2007, de 12 de marzo). Pero aún no lo ha hecho, tal y como acaba de denunciar Cáritas Valencia, recordando que las ayudas de derecho no deberían verse “sometidas a disponibilidad presupuestaria” y que, en tiempos de crisis como el actual, hay que “redoblar los esfuerzos en protección social” para apoyar también a quienes padecen extrema pobreza y deben ser atendidos a largo plazo.
En el nº 2.631 de Vida Nueva.
