El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha registrado hoy un nuevo texto legal que propone la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos incluido en el artículo 525 del Código Penal, considerado por el PSOE como una herramienta utilizada “sistemáticamente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas y periodistas”.
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Según el texto de la proposición, consultado por Vida Nueva, la jurisprudencia más reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que la libertad de expresión “recubre también las ideas que ofenden, conmocionan o perturban, de modo que las personas que profesan una religión no pueden esperar razonablemente la exención de toda crítica, sino que deben tolerar y aceptar que otros rechacen sus creencias de manera pública”.
Asimismo, especifica que este tribunal “ha establecido que el derecho a la libertad de expresión reconocido en el artículo 10 del CEDH tiene como límite el discurso del odio, de tal manera que sólo en ese punto, y no antes, nace la obligación positiva de intervención por parte del Estado”.
Desde esta perspectiva, consideran los socialistas, el delito previsto en el artículo 525 del Código penal tiene “difícil encaje en la doctrina sentada por el TEDH, y resulta oportuna su derogación, para así alinear la legislación española con la de varios países de nuestro entorno, entre ellos Francia, Suecia e Irlanda, y para garantizar que se pueda hacer una crítica pública y legítima a los dogmas de fe, creencias y ritos de una religión, que es lo mínimo exigible en un Estado democrático que garantiza en un sentido real el derecho a la libertad de expresión y creación”.
“No supone merma al derecho a la libertad religiosa”
A juicio de este partido, la derogación del delito previsto en el artículo 525 del Código Penal “no supone una merma en la protección del derecho fundamental a la libertad religiosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución, puesto que la tutela penal del derecho fundamental a la libertad religiosa continúa vigente de manera particular en los artículos 522 a 524 del Código Penal, que se mantienen inalterados y que aseguran que cualquier creyente pueda ejercer libremente este derecho fundamental sin verse sometido a intimidación alguna, y de manera general tanto en el artículo 510 CP (delito de odio), que castiga las expresiones públicas que pretendan fomentar o incitar el odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra un colectivo por motivos religiosos, como en la tutela del derecho al honor de toda persona creyente, lo que comprende el ámbito civil y el ámbito penal (por la vía del delito de injurias)”.
López continuó, lamentando, en declaraciones a Europa Press, que “no sólo en España sino también en muchos otros países estamos asistiendo a la persecución y difamación sistemática de artistas, de creadores, de científicos, de periodistas y adversarios políticos por parte de sectores extremistas, sectores de ultraderecha que pervirtiendo las herramientas del Estado de Derecho utilizan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos“.
A su juicio, esta estrategia va cada vez a más y ha puesto como ejemplo el caso de la presentadora del especial de las Campanadas de Nochevieja en TVE Lalachus. “En los últimos meses la lista de personas perseguidas y acosadas no ha hecho más que aumentar y en el fondo lo que hacen estos ultras con esta estrategia es vulnerar nuestros derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la creación, el derecho al honor, el derecho a la intimidad o el derecho a la tutela judicial efectiva“, añadió.
La propuesta de Sumar
De tal modo, los socialistas ignoran la propuesta de Sumar con una alternativa propia. La Mesa del Congreso mantiene bloqueada desde hace más de un año la reforma de la formación rosada, presentada en diciembre de 2023, que planteaba la supresión de los artículos relativos a los delitos de calumnia e injuria a la Corona, el enaltecimiento del terrorismo, ofensas y ultrajes a España, las comunidades autónomas o sus símbolos; injurias graves a los gobiernos central y autonómico, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Supremo, así como ataques y amenazas graves al Ejército y las Fuerzas de Seguridad. No obstante, López ha señalado que el Ejecutivo está dispuesto a valorar las propuestas relativas al delito de injurias a la Corona, pero no la supresión del enaltecimiento del terrorismo.
La iniciativa socialista, presentada a modo de proposición de Ley Orgánica, recoge, además la reforma de la acusación popular para limitar su actuación al juicio oral y la formulación inicial de querellas, la prohibición de querellas basadas en recortes de prensa y la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la recusación de jueces que se manifiesten a favor o en contra de partidos, sindicatos y organizaciones en procesos que les involucren.
