FRANCISCO VÁZQUEZ Y VÁZQUEZ | Embajador de España
“En muchos casos, es la Iglesia la que con su esfuerzo subvenciona al Estado, supliendo sus carencias en materia educativa, hospitalaria y asistencial…”.
Contrariamente a la tesis sostenida por la historiografía oficial, siempre he considerado al emperador Constantino como uno de los personajes más nocivos para la Iglesia. Su victoria frente al pagano Majencio reconvirtió una fe hasta entonces perseguida en religión oficial del Estado, impregnándola de todas las servidumbres y oropeles propios de la convivencia con el poder establecido.
En esta misma línea de pensamiento frente a la versión tenida como correcta, mantengo que el revolucionario Garibaldi ha sido un benefactor, posiblemente involuntario, de la Iglesia. Con la brecha que en la Puerta Pía consiguió abrir en las murallas romanas, sus ejércitos alcanzaron una victoria que puso fin a los Estados Pontificios, acabando con la carga de temporalidad que lastraba la espiritualidad de la Iglesia, desvinculándola de las ataduras y limitaciones que todo poder terreno conlleva.
Desde entonces, la separación entre la Iglesia y el Estado se convierte en la manifestación más nítida de la independencia y libertad de la fe católica, tal como la consagra el Vaticano II, siendo determinante para gozar de esa consideración el no depender de ninguna forma de financiación o asignación oficial que coartaría la capacidad de difundir y defender la verdad evangélica.
La Iglesia debe financiarse solo con los donativos y limosnas que reciba y con el retorno de parte de los servicios que presta a la sociedad a través de las instituciones y centros de culto, asistenciales y educativos. La forma en que la Iglesia recibe estos ingresos es muy diversa y no hay un modelo homogéneo que se aplique por igual en todos los países.
A modo de ejemplo, y no exhaustivo, tenemos naciones donde es el Estado el que financia a la Iglesia, como en Grecia, Noruega o Luxemburgo. Otros Estados han optado por un impuesto religioso que grava la declaración de la renta. Sistema aplicado en Alemania, Dinamarca o Suecia, entre otros. Una forma muy utilizada es la existencia de importantes desgravaciones fiscales a las donaciones a favor de la Iglesia. Modelo seguido por los Estados Unidos, Francia, Rusia o los Países Bajos.
En el caso de España, el sistema vigente es similar al de otros países de nuestro entorno, como Italia. El Estado asume tan solo un mero papel de intermediario entre la Iglesia y la libre voluntad de los ciudadanos que efectúan su donación a través de su declaración anual de renta, marcando en el impreso la casilla correspondiente a la asignación tributaria a la Iglesia católica.
No existe ninguna situación de
privilegio o excepcionalidad a favor de la Iglesia,
que tan solo recibe la asignación que
voluntariamente quieran darle los ciudadanos,
consignándolo en sus declaraciones de la renta.
Es importante destacar que cualquiera de la confesiones religiosas oficialmente reconocidas por el Estado puede igualmente introducir su correspondiente casilla en el documento del impuesto, percibiendo la cantidad resultante del número de contribuyentes que decidan ayudarlas.
Asimismo, los contribuyentes pueden simultanear su ayuda a la Iglesia con la asignación tributaria a favor de otros fines sociales, apoyando a instituciones de muy diverso origen, naturaleza y finalidad, entre las que se encuentran alguna de la propia Iglesia, como Cáritas o Manos Unidas.
No existe, por tanto, ninguna situación de privilegio o excepcionalidad a favor de la Iglesia, que tan solo recibe la asignación que voluntariamente quieran darle los ciudadanos, consignándolo en sus declaraciones de la renta, independientemente de su condición o no de católicos. El procedimiento que el Estado utiliza es el mismo que se aplica al resto de confesiones religiosas, y a mayores, al conjunto de instituciones sociales. Y no solo es idéntico al procedimiento, sino a las cuantías.
Siendo yo Embajador cerca de la Santa Sede, se negoció y acordó entre el Gobierno y la Iglesia católica un nuevo modelo de financiación –el hoy vigente– que acabó con una interinidad que arrastrábamos desde el inicio de la democracia y que obligaba cada año, en el debate presupuestario, a negociar un complemento estatal para cubrir el déficit de la asignación de la Iglesia.
Ahora, la Iglesia solo recibe lo que los españoles le quieran dar, y nada más. En aquella negociación defendí e impulsé el modelo italiano, solución que a la postre es la que prosperó, aunque con un porcentaje del 0,7%, ligeramente inferior al del modelo del país alpino, que es del 0,9%.
De lo explicado se infiere que es hora de acabar con esa monserga reiterada de que el Estado financia a la Iglesia, cuando no solo no es cierto, sino que, en muchos casos, es la Iglesia la que con su esfuerzo subvenciona al Estado, supliendo sus carencias en materia educativa, hospitalaria y asistencial.
En el nº 2.813 de Vida Nueva.
