(José Ramón Navarro– Corresponsal de Vida Nueva) Junio de 2008, capilla de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM). El obispo de la diócesis, Juan Antonio Reig, preside la eucaristía en honor del patrón de la entidad, san Francisco de Padua. Pero no hay ningún profesor, ni siquiera un representante de las autoridades académicas. Sólo un centenar de fieles, la mayoría, familiares de los jóvenes a los que va a confirmar. “Quien no sigue la verdad, tiene que esconderse”, afirma el obispo en la homilía, velada alusión a algunos de los ausentes.
Esa situación contrasta con la vivida un año antes en el mismo lugar y en idénticas circunstancias, cuando esa celebración fue el escenario en el que José Luis Mendoza, presidente de la Fundación San Antonio, y su esposa, recibieron la Cruz de san Gregorio Magno, concedida por Benedicto XVI. Presidía el acto el entonces responsable del Pontificio Consejo para la Familia, Alfonso López Trujillo, a quien acompañaban los cardenales Rouco y Cañizares, el nuncio Monteiro de Castro, y el arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña. En apenas un año, la batalla por la titularidad de la UCAM había degenerado en una abierta división entre el obispo y Mendoza, el hombre fuerte de la diócesis que había creado la universidad casi desde la nada. Dos hombres a los que una misma sensibilidad eclesial, una estrecha vinculación con el Camino Neocatecumenal y una similar personalidad, les ha llevado antes al enfrentamiento que a la cooperación.
El conflicto por el control de la UCAM se inicia en 2007 con la discusión de los nuevos estatutos, donde se afirma que su titularidad, así como las facultades de gobierno, gestión y administración, “corresponden a perpetuidad a la Fundación Universitaria San Antonio”. Desde su creación en 1996 ya recaía en la Fundación, pero no se afirmaba de forma directa que ésta fuera la titular de la institución. Un término al que el obispo se opone y reivindica la titularidad para la diócesis, aun mediando un dictamen de la Conferencia Episcopal, que daba la razón a Mendoza.
En octubre de 2007, la situación entra en su etapa jurídica cuando Reig, al conocer la aprobación de estos nuevos estatutos, pide al gobierno murciano que suspenda su aplicación. A pesar de no contar con el respaldo de la mayoría de la jerarquía española, e incluso desoír la petición del nuncio para que retirara el recurso contra los estatutos, se apuntó una primera victoria parcial cuando, el 28 de diciembre, el ejecutivo murciano admitió a trámite su recurso y suspendió temporalmente los estatutos. Fundación, diócesis y gobierno autonómico quedaban a la espera de la decisión de la Santa Sede, a la que reconocieron como interlocutora.
Sin embargo, el conflicto entrará en una nueva fase en mayo de 2008 cuando el cardenal Bertone, secretario de Estado vaticano, dictamina que la razón está de parte de Mendoza. Con el documento en su mano, éste pide al gobierno murciano que desestime el recurso del obispo. Pero Reig, disconforme, eleva la cuestión a la Signatura Apostólica, máximo órgano judicial de la Santa Sede. Y hace públicos documentos con los que trata de probar sus tesis. De tal forma, que el gobierno de Murcia llega tarde a evitar la prolongación del enfrentamiento cuando, a finales de mayo, hace pública una decisión salomónica por la que autoriza los estatutos presentados por la Fundación, a la vez que reconoce que la titularidad pertenece a la diócesis. El 27 de junio, la Signatura comunica que admite el recurso del obispo. Ahora, la solución final depende de este organismo.
El fundamento jurídico del problema está en la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, con la que el papa Juan Pablo II reguló el funcionamiento de las universidades católicas. La novedad que aportaba es que, con el consentimiento de la autoridad eclesiástica, también un laico -y no sólo la jerarquía o las órdenes religiosas- podía erigir una universidad católica. La de Murcia es, según Mendoza, la primera creada de acuerdo a esas normas. Pero para Reig, la UCAM tiene una “personalidad jurídica propia, civil y canónica, diferenciada de la personalidad de la Fundación San Antonio” y su titularidad recae en la diócesis.
A la espera de una decisión de la Signatura, la cuestión sigue muy presente en la vida diocesana. Bien porque asociaciones familiares recogen miles de firmas en apoyo del obispo, o porque los rumores sobre el posible relevo de éste son constantes. O cuando Mendoza reconoció que “para evitar un escándalo” había ofrecido la UCAM al obispo, a cambio de una indemnización que los periódicos murcianos cifran en unos 30 millones de euros. Pero el problema, como señalaba a Vida Nueva un sacerdote murciano, es que, “sea quien sea al final el propietario, el daño a la Iglesia ya está hecho”.
En el nº 2.645 de Vida Nueva.
