(Alfredo Tamayo Ayestarán– San Sebastián) El aborto provocado, a mi juicio, siempre constituye un mal moral, aunque concedo que en ocasiones puede ser considerado como un mal “menor”. La despenalización del aborto no implica que la práctica abortiva sea ya moralmente aceptable. Es tan sólo algo no sancionado por la ley penal como delito. No se ingresa en prisión.
Por lo que atañe al proyecto de legislación que prepara el Gobierno, quisiera incidir en el hecho de que ese proyecto prevé para los abortos realizados más allá del plazo legal (14 semanas) una sanción para la mujer de carácter meramente administrativo, es decir, normalmente una multa. Lo cual significa que el nasciturus goza de una protección jurídica igual, o a veces menor, que aquélla de que disfrutan especies animales protegidas como el oso pardo o el lince ibérico. Ello constituye, a mi juicio, una grave perversión del orden de los valores éticos.
Mucho me temo que si este proyecto adquiere caracteres de ley en el futuro, España se convierta en la meca de la práctica abortista y del negocio negro de clínicas sin escrúpulos a las que acudan “pacientes” de los cuatro puntos cardinales. A esto puede llevarnos ese insensato progresismo de que hace gala a veces nuestro permisivo Gobierno.
En el nº 2.669 de Vida Nueva.
