CARLOS AMIGO VALLEJO | Cardenal arzobispo emérito de Sevilla
“‘Pues como no estén calladitos, denunciamos el Concordato’, parecen decir, amenazantes, ante el ofrecimiento, cuando menos, de unos criterios con los que está plenamente de acuerdo una gran mayoría…”.
Algo habrá que hacer para defender los derechos de las personas desde el momento de su concepción hasta la muerte. La enseñanza es algo fundamental, y que compete a todos los miembros de la sociedad. Las acciones caritativas y sociales en favor de los más desvalidos son un deber de justicia. Y así tantas cosas importantes que, como son responsabilidad de todos, es lógico, y por demás legítimo, que cada uno pueda expresar sus criterios y opiniones.
Pero hasta aquí hemos llegado. Cuando los obispos, individualmente o a través de sus instituciones, manifiestan algún desacuerdo con las propuestas y disposiciones de las administraciones públicas, ofreciendo lo que son sus profundos convencimientos religiosos de justicia social, en seguida aparecerá la voz amenazante de algunos grupos políticos que amenazan con la denuncia del Concordato suscrito entre la Santa Sede y el Estado español.
Este recurso al Concordato –y a los Acuerdos suscritos luego– suena a molesta cantinela que demuestra la falta de argumentos convincentes y el desvío de la atención sobre el reconocimiento de la libertad de los ciudadanos, aunque sean obispos, para manifestar sus opiniones según los más que legítimos principios de convicciones y creencias.
“Pues como no estén calladitos, denunciamos el Concordato”, parecen decir, amenazantes, ante el ofrecimiento, cuando menos, de unos criterios con los que está plenamente de acuerdo una gran mayoría de la ciudadanía española. Todo ello tiene cierto tufillo chantajista. Sería algo así como alertar de las nefastas consecuencias que tendría el poder acogerse, cuando menos, a la libertad de expresión.
Después vendrá lo del IBI, lo de los privilegios, lo de la ayuda que la Iglesia recibe, no de Gobierno alguno, sino de la libre voluntad de los contribuyentes, y alguna otra cosilla más. La Iglesia, y sus organismos e instituciones, se acogen a la Ley de Mecenazgo como cualquier otro grupo que recibe un trato especial por aquello que realiza en bien de la sociedad y sin ánimo de lucro. En lo demás, la Iglesia, en sus instituciones, hace la declaración de la renta y contribuye conforme a las disposiciones vigentes.
La Santa Sede tiene relaciones diplomáticas con la mayor parte de los países del mundo. Es una práctica histórica y universal que ayuda a tender puentes, a la colaboración recíproca, al mejor entendimiento entre los pueblos. Ciertamente que los concordatos son revisables, siempre para mejorar, y así está también en la práctica de las relaciones del Estado español con la Santa Sede.
La Iglesia ha manifestado su satisfacción por ser incluida en la Ley de Transparencia. Si de dinero público se trata, hay que dar cuenta de cómo y en qué se utiliza. Por otra parte, es lo que la Iglesia viene haciendo desde hace tiempo, como lo demuestra la publicación anual de balances y presupuestos.
Está bien que miremos al Concordato y a los Acuerdos. Y que sea para mejorar en todo, sin olvidar, naturalmente, que este tipo de instrumentos no tienen otro objeto que el de poder servir mejor a la sociedad en general. Y la Iglesia no pregunta si uno está bautizado o no, si practica o es indiferente, sino que le tiende la mano cuando está en la indigencia y necesita ayuda.
En el nº 2.846 de Vida Nueva.
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