Instituciones de Iglesia se suman a las críticas contra las duras medidas adoptadas por el Ejecutivo Italiano
(José Carlos Rodríguez) Me avergüenzo de ser italiano”. Así de claro se expresa el padre comboniano Alex Zanotelli, comentando el paquete de medidas de seguridad diseñado por el nuevo Gobierno de Silvio Berlusconi, que convierte en delito la inmigración ilegal. “Declaro que emigrar no es un crimen, y que sí lo es el sistema económico mundial (el 11% de la población mundial consume el 88% de los recursos) que fuerza a la gente a huir de su tierra para sobrevivir”, resume en su último artículo publicado en la influyente revista misionera Nigrizia.
Aunque los obispos italianos no se expresen con un lenguaje tan combativo, algunas figuras muy significativas del Episcopado han salido al paso de las últimas medidas del Ejecutivo italiano, quien el pasado 21 de mayo aprobó un conjunto de normas como éstas, que entrarán en vigor de aquí a dos meses: los inmigrantes “sin papeles” se enfrentarán a penas de cárcel que van de los seis meses a los cuatro años, para conseguir la reunificación familiar será necesaria una prueba de ADN, y se podrá expulsar a un extranjero cuando haya sido condenado a una pena superior a los dos años. “Hay que neutralizar los extremismos”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal (CEI), cardenal Angelo Bagnasco. “Si no vigilamos nuestros pensamientos, podemos caer en el racismo”, advirtió el cardenal de Turín, Severino Poletto. Ambos criticaron también los ataques e incendios provocados contra asentamientos gitanos que tuvieron lugar por esos días.
Organizaciones católicas como Cáritas y San Egidio, que han criticado esta legislación y llevan muchos años ayudando a los inmigrantes más pobres a encontrar cobijo, tendrán que enfrentarse a uno de sus aspectos más duros: quien alquile una vivienda a un inmigrante irregular podrá ser encarcelado hasta tres años, condenado a pagar 50.000 euros y su piso será confiscado. De este modo un inmigrante “sin papeles” no podrá conseguir una dirección donde empadronarse para acceder a los servicios sociales.
Poco realista
Estas medidas, que han merecido incluso críticas del presidente de la República, Giorgio Napolitano, no se han improvisado de la noche a la mañana, sino que han estado precedidas por meses de declaraciones con tufillo xenófobo por parte, sobre todo, de la Liga Norte del neofascista Humberto Bossi, quien durante la campaña electoral azuzó las llamas del miedo a los inmigrantes “que vienen para cometer delitos, violar a las mujeres y robar casas”. Con sus más de tres millones de votos, este partido se ha convertido en un aliado fundamental de Berlusconi. No es casualidad que el documento legislativo haya sido elaborado por la mano derecha de Bossi, el ministro del Interior, Roberto Maroni.
Además de dura, la nueva legislación italiana no parece muy realista, pues se calcula en 800.000 los ciudadanos extracomunitarios sin papeles que viven en Italia, y no hay ni policías ni centros suficientes para detenerlos a todos. Pero habrá una excepción: el Gobierno mostrará mayor “flexibilidad” con las bandani, las cuidadoras de ancianos y discapacitados que no hayan tenido tiempo de regularizar su situación, sin las cuales Italia viviría una situación insostenible.
Precisamente, el mismo día en que el Gobierno italiano aprobaba estas normas, los gobiernos de los 27 de la Comunidad Europea aprobaron una directiva que amplía hasta 18 meses el tiempo en que los indocumentados pueden estar detenidos. Los que sean expulsados no podrán volver a Europa en cinco años. Falta que esta normativa sea aprobada por el Parlamento Europeo, pero las ONG preparan una campaña de protesta.
LA COMPLEJIDAD DEL VOTO CATÓLICO
Estas polémicas medidas han puesto de relieve la complejidad del catolicismo en el país trasalpino, donde, tras el desplome de la Democracia Cristiana, Berlusconi ocupó el espacio de la derecha. Además de atraer a los votantes desilusionados con el último Gobierno de centro-izquierda de Romano Prodi, el Gobierno de Il Cavaliere parece ofrecer mayores garantías a muchos católicos -obispos incluidos- preocupados con temas como el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, la bioética y la escuela católica. Pero tampoco se puede olvidar que los sondeos previos a las elecciones daban el apoyo del 30% de los que se declaraban católicos practicantes al izquierdista Walter Veltroni, quien ha criticado las medidas sobre la inmigración irregular.
