(Baltazar Enrique Porras Cardozo-Vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y arzobispo de Mérida-Venezuela) El reciente episodio de la muerte de Raúl Reyes y un grupo de las FARC en la frontera colombo-ecuatoriana pone de nuevo sobre el tapete los temas del terrorismo, el derecho inalienable de la vida y la necesidad de la cooperación internacional. La guerrilla colombiana es una herida mortal a la convivencia pacífica que ha causado demasiadas muertes, desplazados y zozobra.
A pesar de los numerosos esfuerzos por la búsqueda de una salida humanitaria, que contempla la reinserción en la vida civil de sus miembros junto con las exigencias judiciales y la liberación de los centenares de rehenes en su poder, ha tenido muchos altibajos. La participación protagónica del Gobierno venezolano en los últimos tiempos ha añadido un nuevo elemento, ya que desde hace algún tiempo se viene denunciando su simpatía y aquiescencia hacia las FARC y otros grupos irregulares.
Condenar la operación comando que segó la vida a un grupo de guerrilleros asesinos, en sana lógica conllevaría condenar con la misma fuerza las acciones que han constituido el prontuario de las FARC. El respeto a la soberanía de cada país debe estar acompañado por una política de mutua cooperación en la extirpación de este terrible cáncer. No respeta el derecho internacional la actividad de las fuerzas armadas de una nación en otra, al igual que no lo respeta y lesiona el permitir que los países vecinos sean zona de alivio para los grupos que operan en sus lugares de origen.
El terrorismo es una de las formas más brutales de violencia que actualmente perturba a la Comunidad Internacional, pues siembra odio, muerte, deseo de venganza y de represalia (Catecismo de la Iglesia Católica 2297). Se debe condenar de la manera más absoluta porque manifiesta un desprecio total de la vida humana sin motivación posible que la justifique.
La reacción del Gobierno venezolano, tomando para sí el protagonismo de una situación generada en otros países, es a todas luces desmedida e inoportuna. Se pueden tener diferencias con el Gobierno colombiano, pero nada justifica el lenguaje desmedido ni la búsqueda de aliados para descalificarlo globalmente. Podría calificarse de intromisión en los asuntos internos de otra nación. Si fuera al contrario, ¿se aceptaría?
Al interno, exacerbar el nacionalismo y un inexistente anticolombianismo junto a la orden de movilización de tropas hacia la frontera, es una siembra peligrosa. La ley del más fuerte, la amenaza de la fuerza y el lenguaje fuera de tono en un asunto que no ha sido contra Venezuela, es apropiarse lo que no le corresponde. No se puede pretender ayudar a solucionar una situación ciertamente conflictiva con aires de guerra.
La sensatez nos lleva a repetir que una verdadera paz es posible sólo mediante el perdón y la reconciliación, lo que no anula las exigencias de la justicia ni el camino de buscar la verdad. El derecho a la paz de las personas está por encima de los postulados de cualquier ideología. Las relaciones de fuerza hay que sustituirlas por relaciones de colaboración con vistas al bien común.
