CARLOS AMIGO VALLEJO | Cardenal arzobispo emérito de Sevilla
La vieja polémica acerca de la presencia de autoridades civiles en las celebraciones religiosas se presenta de nuevo. Presencia no significa estar de acuerdo con unas determinadas ideas o un tipo de política, ni connivencia con un proyecto partidista. Con entera libertad. Que nadie se sienta obligado a entrar, pero tenemos las puertas abiertas. Es nuestro derecho. Nos amparan la Constitución y el sentido común, que se supone es muy democrático y respeta las creencias y modos de hacer legítimos de cada ciudadano. Que haya separación entre Iglesia y Estado no significa ignorancia recíproca, pues a unos y a otros corresponde el trabajar por el bien común.
Que el Estado sea aconfesional es una garantía de libertad religiosa, no un pretexto para olvidar que la mayoría de los ciudadanos que forman parte de esa comunidad nacional son confesionales católicos, musulmanes, judíos, budistas… Así que estén ustedes muy tranquilos, que el Estado les ampara y defiende su libertad para que puedan vivir en privado y manifestar en público, con los debidos permisos de la autoridad competente, si han de ocupar la calle, su fe y sus costumbres religiosas.
Optar por seguir un camino religioso es asunto privado, pero una vez elegido comporta inexcusables exigencias y compromisos públicos en coherencia con los propios convencimientos.
Que los católicos no cuenten con nosotros en sus actos religiosos, pretextan las autoridades, porque se pueden molestar aquellos que tienen otro o ningún credo. Habrá que pedir disculpas, y cuanto antes, a nuestros hermanos musulmanes, judíos, budistas y otros grupos religiosos o sin religión por haber juzgado muy mal su capacidad de comprensión y tolerancia, pensando que se iban a enfadar porque las autoridades públicas, que son servidores de todos los ciudadanos, asistan a celebraciones cristianas. Es lógico, lo reconocemos, que esas autoridades civiles asistan a fiestas, celebraciones y actos de esos grupos religiosos, aunque nada más sea a título de cortesía. Otra cosa distinta sería aprovechar las celebraciones religiosas con fines políticos y partidistas.
Y sin olvidar, en momento alguno, que los católicos, por muy católicos que sean, no han dejado de ser ciudadanos españoles, amparados por la Constitución y que tienen el derecho a sentirse reconocidos por los gobernantes en su libertad religiosa, sentirse aceptados y nunca excluidos por la pertenencia, en este caso, a la religión católica. Son católicos…, pues excluidos de las listas del protocolo. La laicidad del Estado se contradice abiertamente con un laicismo radical que desearía la desaparición de cualquier signo religioso.
Seguiremos con las puertas abiertas. No obligamos a nadie a entrar, ni privada ni institucionalmente, pero sean todos bienvenidos. Sin imponer nada a nadie, pero dando participación a todo el que llegue, sin pedir a nadie razón del color de sus ideas. Y no estamos preocupados porque se nos nieguen medallas, sino por ser fieles al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
En el nº 2.952 de Vida Nueva
LEA TAMBIÉN:
- IGLESIA EN ESPAÑA: La nueva política “hace novillos” en misa
