CARLOS AMIGO VALLEJO | Cardenal arzobispo emérito de Sevilla
“Se quiere conseguir una educación íntegra, completa, de calidad. La marginación de lo religioso sería una enorme laguna…”.
Como era de esperar, no ha sido poco el revuelo que se ha levantado con motivo de la presentación del proyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. La LOMCE. Poco más o menos, lo que sucediera en otras ocasiones cuando se proponía una nueva ley para la enseñanza.
Quienes tenemos algunos años, ya bastantes, hemos conocido muchas reformas educativas. Por un lado, se piensa que esto es lo normal y que todo lo que se refiere a la formación de la persona necesariamente tiene que actualizarse, y casi de manera permanente. Otra cosa es que la ley no tenga la estabilidad necesaria para lograr su objetivo: la mejora de la calidad de la enseñanza y, en definitiva, de la formación completa de la persona.
Muchas asociaciones, particularmente Escuelas Católicas y las asociaciones familiares, han pedido, desde hace tiempo, un Pacto de Estado sobre la educación con la finalidad de evitar todos estos vaivenes de formas y reformas según convenga. Ese Pacto de Estado no solamente no impediría la renovación en lo que fuera necesario que deba hacerse para mejorar la calidad de la enseñanza, sino que sería un apoyo imprescindible para que la innovación tuviera la consistencia de un apoyo legal.
En este tema de la enseñanza nos encontramos siempre con una serie de desconocimientos y prejuicios respecto a la presencia de la Iglesia, con sus instituciones educativas, en el campo de la educación. Existen centros de enseñanza pública y de enseñanza privada. También de la llamada enseñanza concertada. Estos últimos centros, los concertados, se financian, en gran parte, con dinero público y, por tanto, aunque sean de iniciativa social, no estatal, están dentro del interés de lo público, y como tales deben ser considerados.
Lo de la clase de Religión es otro de esos capítulos recurrentes y polémicos. Los centros tendrán la obligación de ofertar la clase de Religión como optativa para los alumnos. Por tanto, nadie está obligado a acudir a la clase de Religión. Habrá una alternativa, valores sociales o ética, igualmente optativa. Pero una y otra opción tendrán su evaluación, no equiparable a la de las troncales, sino a la de las específicas u optativas. Hay que decir, también, que al hablar de religión, no solamente se trata de la religión católica, sino también de aquella que puedan tener alumnos de otra confesión. Los ciudadanos españoles, de una u otra creencia, tienen sus derechos ante una ley que debe ser para servicio de todos.
Se quiere conseguir una educación íntegra, completa, de calidad. La marginación de lo religioso sería una enorme laguna. Los padres y los alumnos tienen sus derechos en cuanto a la formación religiosa de sus hijos, y la escuela la obligación de ofertar esa opción.
En el nº 2.852 de Vida Nueva.
