(Vida Nueva) Las diócesis de Lleida y Barbastro-Monzón han zanjado a través de un acuerdo, firmado en la sede de la Nunciatura Apostólica, su litigio por el arte sacro, motivado por los conocidos como “bienes de la Franja”. Llegados a este punto, en Vida Nueva nos preguntamos si los términos de este convenio satisfacen a todos por igual.
Un acuerdo interpretado como una claudicación
(Jordi Llisterri i Boix– Periodista y director de la revista ‘Foc Nou’) El obispo Francesc Xavier Ciuraneta enfermó. Y, cuando ya hacía meses que el Parkinson no le permitía mantener la labor pastoral, se aceptó su renuncia sin proveer a Lleida de nuevo obispo residencial. Como para las sedes vacantes parece que ha pasado a la historia dejar que la diócesis escoja administrador diocesano, la aceptación de la renuncia vino acompañada del nombramiento de Xavier Salinas como administrador diocesano, encargo compaginado con su sede de Tortosa. De todo esto hizo un año en marzo. Y a finales del mes pasado Salinas anunciaba que pronto llegaría el final de su mandato apostólico en Lleida. Mientras arreciaban los rumores sobre la llegada de Joan Piris desde Menorca a la sede ilerdense. Todo andaba, pues, entre Ciuraneta, Salinas y Piris, tres buenos obispos en sus diócesis que en su día recibieron el aliento del cardenal Carles.
Salinas, además, consciente de la susceptibilidad de su nuevo rebaño, llegó a Lleida conciliador. Su primeras palabras recogidas en prensa fueron que “el litigio del arte sacro no se puede resolver durante mi ministerio”, y recordó que un administrador “no innova en nada”, parafraseando el canon 428. Lo resumió hablando de “continuismo”.
En Lleida el continuismo era claro. Mantener los argumentos defendidos durante el litigio. Básicamente cuatro. Primero, que cuando se produjo el primer decreto -que no sentencia- de la Congregación para los Obispos que obligaba a la entrega de las piezas en litigio a Barbastro, se desconocía la documentación que prueba que hace más de cien años el obispo Josep Messeguer compró las piezas reclamadas. Es decir, que no estaban en depósito, sino que eran propiedad de la mitra ilerdense. Segundo, que estas pruebas nunca han sido valoradas por un tribunal, ni civil ni eclesiástico, y, por lo tanto, que nadie ha fijado mediante sentencia judicial la propiedad de las obras. Tercer argumento, que Ciuraneta cumplió los decretos de Roma, pero que, para ejecutarlos, necesitaba el permiso de la Generalitat. La colección esta incluida en el Catálogo del Patrimonio Cultural y protegida su unidad por la Ley de Patrimonio Cultural del Parlamento catalán. Y, cuarto, que la vinculación histórica de las parroquias aragonesas de La Franja a Lleida es más antigua que los límites provinciales civiles. Sólo esta vinculación casi milenaria ya justificaría la unidad del fondo museístico o, al menos, un acuerdo que evitara su disgregación.
Estos mismos argumentos también han llevado a varias entidades de Lleida a promover por su cuenta otras causas judiciales civiles y canónicas que incidieran en lo que se consideraba el núcleo de la cuestión: que haya un dictamen sobre la titularidad de las obras que valore toda la documentación disponible. Causas judiciales que no promueve el Obispado de Lleida, pero que aún hoy están abiertas.
Relatada así la película, se puede comprender el estupor con el que fue recibido el documento firmado por Salinas con el obispo de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián, el 30 de junio en presencia del Nuncio. Estupor porque de un plumazo Salinas abdica en nombre de las diócesis de todos los argumentos mantenidos por la sede que administra. Sin más, y solo a cambio de un vago compromiso de voluntad de cooperación en el estudio y en la exposición de las obras.
Puede que Lleida no tenga toda la razón. Pero tanto Barbastro como Lleida tienen sus razones. Y lo que cuesta comprender es que, de la noche a la mañana, por obra del administrador apostólico, Lleida pase a no tener ninguna. Eso duele a cualquiera. Salinas reconoce con su firma la discutida propiedad de las obras a Barbastro, entierra cualquier posibilidad de que el Obispado de Lleida pueda reclamar legítimamente sobre la propiedad y niega cualquier capacidad de intervención a la administración civil. Exactamente lo contrario de lo que ha defendido Lleida durante diez años. No debe sorprender, pues, ni ser tomado como un acto de rebeldía, que en Lleida no se entienda este documento como un acuerdo, sino como una humillante claudicación.
Nadie debe olvidar que ya había una herida abierta. El litigio se enmarca en un proceso de segregación de la diócesis nunca comprendido desde Lleida. Ahora hay dos. Nunca se va a comprender por qué se pretendió cerrar el litigio con una sede vacante, con un consejo presbiteral y pastoral cesados, y sin que nadie pueda pedir explicaciones al colegio de consultores. Una situación de interinidad que resta legitimidad. Pero, además, con un resultado absurdo, que sólo conducirá al enroque de las posiciones de los que han convertido la unidad del museo en una cuestión irrenunciable.
Entendimiento dialogado dentro de la legislación canónica
(Enrique Calvera Nerón– Delegado para el Patrimonio Cultural de la Diócesis de Barbastro-Monzón) El 30 de junio, el obispo-administrador apostólico de Lleida, monseñor Javier Salinas Viñals, y el obispo de Barbastro-Monzón, monseñor Alfonso Milián Sorribas, reunidos en la sede de la Nunciatura Apostólica de Madrid, en presencia del Sr. Nuncio, D. Manuel Monteiro de Castro, firmaron un acuerdo para dar cumplimiento al Decreto de la Congregación para los Obispos del 8 de septiembre de 2005, sobre la reintegración a sus propietarios de los bienes histórico-artísticos de las parroquias transferidas a la diócesis de Barbastro-Monzón en virtud del Decreto Illerdensis-Barbastrensis de finium mutatione, que permanecen depositados en el Obispado de Lleida. Por el citado acuerdo, el obispo de Lleida se compromete a acatar los sucesivos decretos de la Santa Sede y muestra su propósito de entregar en un plazo de 30 días los bienes artísticos señalados en el decreto como pertenecientes a las parroquias transferidas.
Por otra parte, ambas diócesis manifiestan su voluntad de cooperación y diálogo para encontrar una fórmula que, respetando el ordenamiento canónico, permita establecer modos de colaboración como signo de comunión en bien de la Iglesia y de la labor pastoral de ambas diócesis. Asimismo, el Obispado de Barbastro-Monzón expresa su gratitud al Obispado de Lleida por la cuidadosa conservación de esos bienes.
El origen del litigio se remonta a 1995, año en que la Santa Sede promulgó el mencionado decreto, por el cual 111 parroquias de la zona oriental de la provincia de Huesca debían segregarse de la diócesis de Lleida para ser agregadas a la de Barbastro, que en adelante se denominaría diócesis de Barbastro-Monzón. Al no haber acuerdo entre los respectivos obispos acerca de los bienes artísticos, se solicitó la intervención de la Nunciatura, quien especificó en 1998 que dichos bienes artísticos estaban en Lleida a título de depósito y, si eran reclamados por las parroquias -legítimas propietarias-, debían devolverse.
Contra este decreto fueron presentados múltiples recursos, sucesivamente rechazados por las distintas instancias vaticanas, incluido el Supremo Tribunal de la Signatura Apostólica. En enero de 2005, la Congregación para los Obispos nombró mediador con plenos poderes a don Silverio Nieto Núñez, director del Servicio Jurídico Civil de la CEE, quien tras un concienzudo trabajo en el que se estudiaban todas y cada una de las piezas, determinaba qué número de éstas correspondían a las parroquias aragonesas y, por lo tanto, debían devolverse. Esta documentación es la que dio origen al mencionado decreto de la Congregación para los Obispos, de nuevo varias veces recurrido y finalmente aceptado por la diócesis de Lleida en el acuerdo que nos ocupa.
Las instituciones civiles que forman el Consorcio que rige el Museo Diocesano y Comarcal -la Generalitat, la Diputación de Lleida, la Comarca del Segrià y el Ayuntamiento de Lleida- que ya habían mostrado su rechazo a todos los decretos vaticanos, han expresando de nuevo tajantemente su oposición a que las piezas depositadas por el obispado catalán en el citado museo puedan ser retiradas como corresponde a todo depósito. Por otro lado, la propia Generalitat se opone también a que salgan de su territorio para ser entregadas a las parroquias aragonesas; fundamenta esta prohibición en el hecho de que fueron catalogadas como patrimonio catalán, catalogación que, por cierto, se realizó cuando ya estaba iniciado el proceso canónico. Este es el obstáculo que queda ahora por vencer, y esperamos que las instituciones políticas y culturales de Cataluña acepten que es un asunto interno de la Iglesia y que debe resolverse dentro de su ámbito.
Después de tan largo y tedioso proceso, puede parecer que todas las consabidas 112 piezas son obras de primera categoría histórico-artística y que con su devolución iba a sufrir un gravísimo daño el museo leridano -que cuenta con más de 1.800 piezas- y el patrimonio catalán; baste decir que de todas ellas tan sólo se han incorporado al nuevo museo unas 20. Eso sí, hay que afirmar que la mayoría de las que corresponden a la época medieval -dos frontales de los siglos XII y XIII y algunas tablas góticas- son de singular valor; la mayoría de las restantes son obras menores (candelabros, campanillas, sellos de oficina…), correspondientes al ajuar litúrgico diario de las parroquias abandonadas en los años 60. También hay que tener en cuenta que en el catálogo del museo leridano figuran varios cientos como “de procedencia desconocida”, lo que invita a pensar que algunas corresponderían a las parroquias segregadas, aproximadamente un 40% de todas las que integraban el Obispado de Lleida, hecho que no ha podido demostrarse por falta de documentación acreditativa.
Como puede suponerse, este acuerdo ha llenado de satisfacción a la diócesis de Barbastro-Monzón por varios motivos: por haberse terminado el largo proceso llegándose a un entendimiento dialogado dentro de la legislación canónica, superándose así una situación que en nada favorecía la imagen de la Iglesia, y que más bien dificultaba en ocasiones la propia acción pastoral, principal misión de la propia Iglesia; por haberse confirmado nuestras tesis que coincidían con lo decretado por la Sede Apostólica, y por haber acordado los obispos caminos futuros de colaboración en estos temas culturales.
Deseamos que pronto pueda llegarse al cumplimiento pleno de los mencionados decretos al ser trasladadas las piezas a la diócesis aragonesa.
