(José Ramón Amor Pan– Doctor en Teología Moral) Como los Ojos del Guadiana, los intentos del PSOE para despenalizar la eutanasia en España vienen y van. El programa electoral del 2004 la incluía dentro del apartado estrella de los derechos civiles que merecían reconocimiento jurídico, que fueron el caballo de batalla de esa legislatura. En ese apartado figuraban, junto a la eutanasia, el matrimonio civil de las personas de igual sexo, el derecho de los transexuales a la rectificación registral del sexo, los derechos de las parejas de hecho y la agilización de los procesos de separación y divorcio. La campaña mediática del Gobierno en torno al estreno de Mar adentro hizo presagiar que, efectivamente, se iba a despenalizar la eutanasia.
Pero se desistió porque la sociedad española, mayoritariamente, no estaba por la labor e insistir en ello podía restar votos en las decisivas elecciones del 2008. Así, pese a que un sector del PSOE pedía que el tema se volviese a incluir en el nuevo programa electoral, hubo claras manifestaciones de Rodríguez Zapatero y de José Blanco en el sentido de que no tocaba ahora debatir sobre ese asunto, y la palabra ni siquiera aparece en el programa con el que los socialistas concurrieron a las elecciones del pasado marzo.
En esas estábamos cuando la Junta de Andalucía nos sorprendió el 25 de junio con el anuncio -a bombo y platillo- de una futura ley autonómica “de dignidad ante el proceso de la muerte”. Varias son las cosas que llamaron nuestra atención. La que menos, que fuese El País el que dedicase una mayor atención a la noticia, incluso con una entradilla en su portada. La que más, que fuese ese periódico el único medio de comunicación que tuviese acceso a la ponencia del Comité Autonómico de Ética que servirá de guía para el debate y la elaboración de dicha ley. Si es un documento público, ¿no deberían haber tenido acceso a él todos? Y si es un documento de ámbito restringido, ¿por qué El País tuvo acceso a él? ¿no estaríamos ante un presunto caso de tráfico de influencias o de prevaricación? Por el medio, otros dos detalles no dejaban de ser significativos. Porque no me digan ustedes que no es muy curioso que el mismo periódico y el mismo partido que semanas antes habían criticado caninamente la presencia de los sacerdotes católicos en los comités de ética de los hospitales públicos madrileños, ahora hacían gala de la presencia de un cura en dicho comité autonómico y de que el mismo fuese uno de los dos autores que elaboraron el mencionado documento… Como curioso es también que todo ello se hiciese público a una semana del 37º Congreso Federal del PSOE, ¿no les parece?
Una de las conclusiones alcanzadas en este Congreso Federal es la de seguir extendiendo los derechos de la ciudadanía en cuanto, entre otros, al derecho a una muerte digna. Curiosa, también. Porque tras seis párrafos de auténtico y monumental ejercicio del absurdo, la ignorancia o la manipulación intencionada -veremos por qué- se llega a lo que realmente se quería: afirmar que hay que abrir el debate sobre “el derecho de los pacientes afectados por determinadas enfermedades terminales o invalidantes a obtener ayuda de las instituciones y de los profesionales para poner fin a su vida” (se huye del término eutanasia como del diablo). Antes de continuar, tan sólo decir que ese debate ya se abrió y ya se cerró hace dos legislaturas, sólo que con un resultado que parece no gustar al PSOE.
¿Dónde está el absurdo? Pues miren ustedes, la Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del paciente, ya reguló el documento de instrucciones previas, lo que el PSOE llama ahora testamento vital, una terminología que siempre criticó porque era la que popularizó la Iglesia católica para referirse a este documento. Y el
Real Decreto 124/2007 ya reguló el Registro nacional de instrucciones previas y el correspondiente fichero automatizado de datos de carácter personal para impulsar la coordinación interterritorial de su aplicación. ¿Es que el partido que ocupa el Gobierno de España desconoce la legislación que está en vigor?
No hacen falta más leyes para aplicar correctamente la sedación terminal, los cuidados paliativos y las directrices previas. Lo que sí se necesitan son recursos económicos para que todo eso se pueda hacer con rigor, así como ampliar la formación en Bioética del personal sanitario (¿para cuándo la Bioética en el grado de Medicina?). Lo que sobra es retórica. Y lo que ya da asco son los intentos tan burdos de manipular a la opinión pública española.
