CARLOS AMIGO VALLEJO | Cardenal arzobispo emérito de Sevilla
Con no poca sorna y mucha arrogancia trataba de justificar, el ocasional tertuliano, un comportamiento ineducado. ¡Es que yo no he podido ir a un colegio privado como ustedes! Pues flaco favor es el que ha hecho con su ejemplo a la escuela pública, como si en ella no hubiera magníficos formadores, con una espléndida formación pedagógica, con la más alta titulación académica y preparación científica.
La ironía, aunque no fuera esa la intención, se volvió en contra de aquello que se afanaba en defender, aparte de ser una ofensa a la escuela pública y a sus enseñantes. No se trataba de lo público o de lo privado, sino de asumir comportamientos adecuados.
Lo de la escuela pública y la escuela privada es un equívoco que se utiliza como arma arrojadiza para abatir al contrincante y presentar un programa en el que, proponiéndose lo contrario, se anula un derecho fundamental, como es el de la libertad de elección educativa.
No es infrecuente que al hablar de escuela privada o de escuela concertada se las vincule a la Iglesia, como si no existieran muchas entidades, de titularidad en absoluto religiosa, que han abierto, y con todo derecho, centros educativos como oferta para poder ejercer el derecho de los padres a buscar el tipo de educación que desean para sus hijos.
En el caso hipotético de que no hubiera escuela concertada, la Administración pública haría muy bien en ofrecerla y subvencionarla, pues ello contribuiría a que se pudiera contar no solo con espacios para la libertad educativa, sino también como apoyo y contribución a la enseñanza y formación de los ciudadanos.
Si de economía se trata, más barata le sale al Estado una plaza escolar en un colegio concertado que en uno público. Tampoco conviene olvidar que los dineros salen de la misma caja, que es la pública. Así que no hay por qué denostar a lo concertado como si fuera una carga social en beneficio de las clases pudientes.
La iniciativa y la titularidad pueden ser distintas, pero ambas han de dirigirse al bien común y en beneficio de la sociedad entera. En ese pacto por la educación, del que tanto se habla y se desea, y que nunca acaba de llegar, se debería de poner también un capítulo sobre la unidad y las distinciones entre lo concertado y lo público, de enseñanza al alcance de todos. No digamos nada sobre la calidad de la enseñanza y la valoración del profesorado y de los programas educativos, tanto de la pública como los de la concertada y la privada.
La ideología nunca le ha sentado bien a la educación. No se puede imponer un proyecto político único ni un modelo al que han de someterse los profesores al enseñar y los alumnos al aprender. Otra cosa es ofrecer aquello que uno tiene para que cada cual elija libremente lo que desea, sin olvidar lo que ha de ser bueno y justo para toda la sociedad.
En el nº 2.939 de Vida Nueva
