Los dos principales partidos políticos utilizan el fenómeno como herramienta de confrontación
(José Carlos Rodríguez Soto) La inmigración no está controlada y hay que poner orden y control”. Esta fue una de las primeras frases del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, nada más comenzar el segundo debate televisado el pasado 3 de marzo. Refiriéndose a la “inmigración desordenada” como un “peligro”, y utilizando repetidamente la palabra “coladero”, su discurso insistió –aún más que en el primer cara a cara televisivo– en que “los españoles a la hora de pedir una beca o una plaza pública, se pueden ver perjudicados”. Siguiendo la estela de otros países europeos, ha sido la primera vez en unas elecciones en España en que la inmigración se ha convertido en uno de los temas estrella de la campaña electoral.
Expresiones no muy felices, como la del candidato del PP, Miguel Arias Cañete, expresando su nostalgia por “los camareros de antes” y lamentando las supuestas pocas habilidades de los camareros extranjeros “de ahora” en “servir un cortado”, empezaron a augurar un debate cuyo pistoletazo de salida fue la propuesta del PP de crear un “contrato de integración” –según explicaron similar a los requisitos que se exigen en otros países europeos– que los inmigrantes no comunitarios firmarían en la primera renovación del permiso de residencia y de trabajo. Cumplir las leyes españolas, respetar sus costumbres, aprender el castellano y retornar a su país si al cabo de un tiempo carecen de empleo, son algunas de las cláusulas que figurarían en este documento.
Después llegó el “no cabemos” pronunciado por Rajoy el 27 de febrero en Canarias, donde llegaron en cayucos 12.400 subsaharianos en 2007 y 159 el mismo día de su mitin. “Me ocuparé de este asunto, no voy a pasar por ahí y seré implacable y contundente”, remachó el líder popular, quien en algunos actos de su campaña ha intentado compensar esta imagen dura con apariciones públicas besando a mujeres africanas.
Clase trabajadora
Teniendo en cuenta que la población extranjera se ha quintuplicado en España hasta alcanzar el 10% en los últimos siete años, no hace falta ser un lince para afirmar, como el prestigioso semanario The Economist, que “el PP ha intentado incidir en votantes de clase trabajadora en los que normalmente confían los socialistas”, un fenómeno social ya visto con creces en otros países europeos como Francia, Austria y Suiza.
Pero el PSOE no podía permitirse una pérdida de votos de personas de clases más bajas que sí pueden llegar a ver a sus vecinos extranjeros como competidores. Quizás por eso ha combinado un discurso en el que, al mismo tiempo que se destacan los aspectos positivos de la inmigración –Zapatero afirmó en el segundo debate que “la mitad del crecimiento económico es como consecuencia de la inmigración y que lo que cotizan equivale casi al pago de casi un millón de pensionistas”– ha insistido en que su Gobierno ha devuelto a miles de ilegales a sus países de origen, ha firmado acuerdos con diez países africanos para la repatriación, y ha repetido que “la inmigración tiene que ser legal, y al que no venga con papeles se le devuelve, con dignidad, pero se le devuelve”.
Llama la atención el hecho de que en la famosa nota de la comisión permanente de la Conferencia Episcopal, publicada en enero, apenas se tocó de refilón este tema que tanto ha dominado la campaña electoral. Zapatero, que no ha ocultado su resquemor por lo que ha percibido como un cierto apoyo del episcopado español al PP, ironizó en Canarias sobre los populares “que tratan a los inmigrantes como mercancías y luego van a misa y comulgan”. Incluso el escritor y columnista Juan Manuel de Prada afirmaba en uno de sus comentarios en ABC: “sospecho que el discurso de Rajoy sobre la inmigración, demasiado tributario del de Sarkozy, suena un tanto agrio o inhumano, y no vendría mal que ese discurso se atemperase con una veta de humanismo cristiano”.
Quienes sí emitieron un comunicado invitando a la reflexión cristiana sobre este tema fueron las entidades que forman parte de la Plataforma d’Entitats Cristianes amb Inmigración, en Cataluña. Tras pedir “que no se pierdan nunca de vista las raíces económicas y políticas del fenómeno migratorio, principalmente la pobreza”, lamentaron que la inmigración se contemple en los programas y actos de los partidos políticos “como una herramienta de pura confrontación partidista y una forma fácil de captación de votos”.
