El nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, no se le ha concedido presunción de inocencia. Antes incluso de comenzar a ejercer sus altas responsabilidades, los nuevos intolerantes le han juzgado culpable de creer en algo más que en el Derecho. Su reconocida práctica religiosa parece, así, incapacitarle para el buen ejercicio de su profesión, algo que, por otra parte, es ponderado por la inmensa mayoría de la clase judicial y política. Para colmo, se arguye, ha jurado su cargo ante un crucifijo justo cuando la presencia de este símbolo en los organismos oficiales está en entredicho. En realidad, este anticlericalismo zafio no es nuevo. Lo que sorprende es que pueda sostenerse sin sonrojo intelectual en diarios que se dicen serios, como El País, despreciando que la discriminación por, entre otras cuestiones, la religión, es anticonstitucional. ¿Sería éste un caso para el Ministerio de Igualdad?
En el nº 2.630 de Vida Nueva.
