(Baltazar Enrique Porras Cardozo– Vicepresidente del Consejo Episcopal Latinoamericano y arzobispo de Mérida-Venezuela) Los cambios del mundo son tan acelerados que se impone la reingeniería de todo. La educación no escapa a este torbellino, más bien está en el ojo del huracán. En cualquier democracia el rediseño curricular debe contar con los mejores especialistas y hacerse con la mayor amplitud democrática, en aras del pluralismo y la tolerancia.
El Gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, ha intentado desde sus inicios aprobar una nueva ley de educación y cambiar el diseño curricular. Se ha topado con una fuerte resistencia de los actores sociales. La razón es obvia: priva lo ideológico sobre el contenido. Lo que importa es formar el “nuevo ciudadano revolucionario, socialista y antiimperialista del siglo XXI”. La educación es derecho y obligación del Estado, dejando en penumbra o eliminando a la familia y sociedades intermedias. Sobresale lo militar sobre lo cívico, se propone una relectura de la historia reductiva y ajena a la realidad que hace ver que los fundamentalismos e ideologías están en boga.El Referéndum del 2-D 2007 echó por tierra la agenda gubernamental de imponer “legalmente” su visión unidimensional de la sociedad.
El Gobierno busca por la vía de los hechos imponer su proyecto. Tal ha sido la reacción, que ha “suspendido” la reforma. Pero una cosa son los dichos y otra la agenda real. Se obliga a los docentes a ir a unos talleres y a implantar cambios que van en la dirección prohibida.
La Conferencia Episcopal ha señalado que “las declaraciones de las autoridades no han propiciado el clima necesario para tratar este delicado asunto al enviar mensajes contradictorios. Preocupan particularmente las afirmaciones que reiteran la voluntad de (concretar lo anterior) poniendo el sistema educativo al servicio de un determinado proyecto político”.
Sensatez, diálogo y tolerancia son virtudes, raras pero necesarias.
