(José Ramón Amor Pan– Doctor en Teología Moral y especialista en Bioética) Sin audiencia, de nada sirve hacer un buen programa de televisión ni escribir un buen libro; y sin financiación, una ley -por mucha pompa que se le quiera dar- sirve de bien poco y es simple papel mojado. Por desgracia, en la Historia de España abundan los ejemplos de ello; nuestros políticos son muy proclives al “puedo prometer y prometo”… La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia nació con aires de estrella. Parecía una más que merecida dosis de oxígeno y libertad para miles de familias asfixiadas -literalmente- por el dolor, el coste emocional y la sobrecarga económica que supone atender a una persona en situación de dependencia. Han pasado dos años desde su entrada en vigor el 1 de enero de 2007 y la ley sigue en el limbo del “ya pero todavía no”… Alguien debería asumir responsabilidades por lo ocurrido.
Publicidad engañosa
Qué lejanas quedan aquellas palabras de la Vicepresidenta Primera y Portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2005, en donde se aprobó el anteproyecto de esta ley: “Esta Ley de Autonomía Personal tendrá, por tanto, efectos inmediatos (…) El Gobierno da un paso trascendental al afrontar este desafío mediante el desarrollo de un nuevo sistema de protección que nos iguala con los países más avanzados del mundo y que devolverá dignidad a casi medio millón de españoles, y tranquilidad a un millón y medio de familias. En pocas palabras, ningún mayor solo y ninguna persona con discapacidad sola. Queremos desterrar de nuestra sociedad las noticias de mayores que viven y mueren solos, y queremos que todas aquellas personas que ven mermadas sus posibilidades de realización personal y profesional por estar fundamentalmente dedicadas a estos familiares puedan, si lo desean, hacer otras cosas”.
La aplicación de la Ley no está siendo ejemplar. Falta de desarrollos o acuerdos de aplicación, diferencias muy acusadas entre territorios, procesos administrativos lentos y a veces frustrantes, ausencia de coordinación y hasta de lealtad institucional entre los poderes públicos llamados a aplicarla, politización partidista, poca participación de los movimientos sociales en el seguimiento de la Ley en los distintos territorios, etc., son algunas de las lagunas y deficiencias que se han detectado: no lo digo yo, son palabras del CERMI Estatal. Ya se están presentando las primeras reclamaciones judiciales, como la que acaba de presentar en La Coruña el padre de una niña de seis años, valorada en el grado y nivel máximo de dependencia, que lleva esperando desde mayo de 2007 que le paguen la prestación económica de asistencia personal.
El desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia es complejo y lleva su tiempo, eso es cierto y ya se sabía. Siendo así las cosas, uno no se explica por qué razones se llevó a cabo una campaña publicitaria tan agresiva, tan intensa y tan extensa para promocionar, en primer lugar, la simple aprobación de la Ley y, posteriormente, su entrada en vigor, algo que no hizo más que generar demasiadas -y desproporcionadas- expectativas en la ciudadanía y que, al no verlas satisfechas con la inmediatez que transmitían los anuncios, generó mucha frustración en un colectivo ya de por sí sobrecargado y castigado en todos los sentidos. Las familias se desesperan cuando ven la publicidad institucional que, como fuegos artificiales, iluminó por un instante la noche y al irse dejó una mayor oscuridad. La publicidad ha de ser objetiva, prudente y veraz, de modo que no levante falsas esperanzas o propague conceptos infundados.
Tampoco se entiende la animadversión con la que algunos gobiernos autonómicos (el caso gallego es paradigmático) tienen a trabajar codo con codo con el sector privado (lucrativo y no lucrativo) para alcanzar el objetivo de la Ley en tiempo y forma, cuando el propio texto normativo reconoce, como principios en los que se inspira, la participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones de promoción de la autonomía personal y atención a la situación de dependencia y afirma literalmente: “El Sistema se configura como una red de utilización pública que integra, de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados”. Las personas en situación de dependencia y sus familias han de ver con urgencia que la Ley -en la que hay depositadas tantas esperanzas- es una realidad en su vida práctica; la demagogia y la propaganda habrán de dejarse para otra ocasión.
En el nº 2.651 de Vida Nueva.
