(Antonio Peregrín– Madrid) Supongamos que se están implementando todas las medidas de asistencia material, social, psicológica, familiar, espiritual… para evitar que una mujer piense en abortar. Pero, ¿y si está decidida a ello a pesar de todo? ¿Qué hacer con la mujer que está decidida a abortar si no se fija ningún mecanismo regulador durante las primeras semanas, bien sea despenalización en determinados supuestos o ley de plazos?
¿Hay que tratar igual a la mujer que decide abortar a los pocos días de la fecundación que si lo hace a los seis meses? ¿Se debe cerrar los ojos y dejar que lo haga en clandestinidad y con riesgo para su vida? ¿Se la debería someter a reclusión vigilada? ¿Se podría establecer algún tipo de ‘salida’, como ‘mal menor’, no como reconocimiento de un derecho?
Me gustaría que los obispos, en lugar de (o además de) atacar al Gobierno por este tema, y en lugar de (o además de) ceñirse exclusivamente a principios morales considerados inamovibles, respondiesen claramente a estas cuestiones, y que explicasen también si no encuentran contradicción alguna entre su actitud respecto al no nacido y el que la Iglesia aún no se haya decidido a condenar sin paliativos la pena de muerte -legal, por supuesto- de un ya nacido. ¿No es la vida igualmente sagrada en ambos casos, pese a que uno sea inocente e indefenso y el otro pueda no serlo?
En el nº 2.666 de Vida Nueva.
