(António Marujo– corresponsal de Vida Nueva en Portugal) Cinco años después de ser firmado por el papa Juan Pablo II y por el entonces primer ministro portugués, José Manuel Durão Barroso, el Concordato entre Portugal y la Santa Sede sigue teniendo pendientes varios temas: la asistencia religiosa en los hospitales, cuarteles y cárceles; el patrimonio cultural; las clases de Educación Religiosa y el estatuto de la Universidad Católica Portuguesa son algunos de los capítulos a la espera de ley. El Episcopado portugués ha manifestado su descontento con este atraso. Carlos Azevedo, ex portavoz de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Lisboa, afirma a Vida Nueva que puede estar próxima la resolución de varios problemas, entre los cuales está el de la asistencia religiosa en los hospitales.
En este capítulo, las negociaciones duran casi tres años. El actual Gobierno, del Partido Socialista, tenía una propuesta de ley que había negociado con la jerarquía católica y que después fue sustituida. El Episcopado reaccionó y las negociaciones volvieron al punto de partida. El asunto en cuestión es que los capellanes católicos –y también de otras confesiones religiosas– puedan acceder sin restricciones a las personas hospitalizadas. En los últimos años –y a pesar de existir una ley de libertad religiosa desde junio de 2001, a la que también le faltan por regular algunos aspectos–, a veces han sido los capellanes católicos los que han asumido la responsabilidad de que los pastores protestantes y ministros de otras confesiones puedan visitar a los enfermos que solicitan acompañamiento espiritual.
“Hay disponibilidad del Gobierno para finalizar las negociaciones en este mes de julio”, dice Carlos Azevedo. Pero en esta ocasión es el Episcopado el que no quiere premuras: Portugal celebrará elecciones legislativas a finales de septiembre y los obispos “no se quieren precipitar por que haya prisa en el Gobierno”.
Más retrasada está la regulación en lo que respecta a las prisiones y las capellanías militares. Hace unos días, el obispo de las Fuerzas Armadas, Januário Torgal Ferreira, se mostró convencido de que no habrá cambios “significativos” en la asistencia religiosa a los militares; si eso sucediera, sería un “empobrecimiento para el Estado”. Pero afirmó también que la Iglesia ha de tener, como capellanes militares, a hombres “de Dios, cultos, competentes, educados, en formación permanente, defensores de la justicia, sobre todo de los pobres y desconsolados”. Y manifestó su felicidad porque, por primera vez, serán respetados los “anhelos” de las confesiones religiosas minoritarias.
En cuanto al patrimonio cultural, está prevista una comisión bilateral, pero que no funciona. El único avance en este campo ha sido la firma, en julio, de un protocolo de cooperación para la restauración y conservación de las 25 catedrales portuguesas. También hubo, hace unas semanas, una polémica en relación a los profesores de Educación Moral y Religiosa, por la posibilidad o no de que éstos –que son nombrados por los obispos y pagados por el Estado– puedan impartir otras disciplinas.
A pesar de estos retrasos, Carlos Azevedo entiende que el balance del nuevo Concordato es positivo: “Ha creado una base para recuperar la relación entre la Iglesia y el Estado dentro del espíritu conciliar”. El obispo se refiere al Concordato anterior, de 1940, firmado por el Estado Novo –el régimen fascista de Salazar, contemporáneo al de Franco en España–. En ese tratado anterior estaba previsto, por ejemplo, el veto político al nombramiento de obispos, que el régimen aplicó varias veces. “El nuevo Concordato respeta el espíritu de la libertad religiosa, el papel de la Iglesia en la sociedad y la ausencia del espíritu de privilegio en tareas que no sean propias de las comunidades cristianas. Está más de acuerdo con la teología y con la eclesiología acerca del papel de la Iglesia en la sociedad”, destaca el obispo.
El problema es que, al optar por un Concordato “minimalista”, Portugal y la Santa Sede han dejado para posteriores negociaciones la regulación de varios aspectos del documento. En la primera parte de la legislatura, el primer ministro, José Sócrates, argumentó que las tareas de la presidencia portuguesa de la Unión Europea (junio-diciembre de 2007) no permitirían avances en las negociaciones. En los últimos dos años, sin embargo, las sucesivas promesas de conclusión irían siendo atendidas. Y por el transcurso del proceso, es de prever que sólo con el nuevo Gobierno, salido de las legislativas de septiembre, la tarea se dará por terminada.
En el nº 2.671 de Vida Nueva.
