(Alberto Eisman– Licenciado en Teología y Master en Desarrollo) Después de meses de tensa espera, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya hizo público el 4 de marzo la orden de busca y captura de Omar al-Bashir, presidente de la República de Sudán, acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la región de Darfur. El Alto Tribunal finalmente decidió no incluir en esta orden los cargos de genocidio.
Como ha dicho un destacado analista político especialista en Sudán, “hemos entrado en aguas desconocidas, para las que no tenemos ningún mapa”. Es la primera vez que la CIJ emite una orden contra un presidente en ejercicio. No hay precedente jurídico alguno y no se sabe qué puede pasar a partir de ahora. Las organizaciones de derechos humanos saludaron la decisión con entusiasmo; en Sudán, sin embargo, se pagó inmediatamente un alto precio: trece importantes ONG que trabajan en Darfur fueron expeditivamente expulsadas de la región bajo acusación de colaboracionismo con el fiscal Luis Moreno Ocampo y de apoyo tácito a esta orden judicial. Millones de desplazados internos se ven ahora abocados a una situación extremadamente incierta y peligrosa.
La decisión de procesar a Bashir no está libre de polémica. Desde África se hacían fuertes críticas a la CIJ: se decía que se concentraba en los países africanos (Liberia, Ruanda, Norte de Uganda, ahora Sudán) mientras que hacía la vista gorda con otros regímenes y continentes. A esta crítica respondió Desmond Tutu, arzobispo anglicano emérito de Ciudad del Cabo y premio Nobel de la Paz: “La justicia existe en el interés de las víctimas y las víctimas de esos crímenes son africanas. La pretensión de que la acción judicial es un complot de Occidente es degradante para los africanos y subestima el compromiso por la justicia que hemos visto a lo largo y ancho del continente”.
Muchos sudaneses reconocen (clandestinamente) que Bashir ha estado implicado en acciones criminales no sólo en Darfur, sino también durante la cruenta guerra civil del Sur que terminó en 2005. Sin embargo, el hecho de que él sea uno de los firmantes de ese acuerdo de paz implica que en su posible caída podría arrastrar con él todo lo que ha comenzado desde 2005 hasta ahora: la pacificación de una buena parte del país, la reconstrucción física y moral y la posibilidad de una democratización del país que lleve a un verdadero régimen de libertad.
¿Y si el precio es más sangre?
La CIJ se concentra exclusivamente en los aspectos relativos a la justicia, pero parece dejar de lado aspectos referentes a la paz; en este sentido, surgen preguntas muy pertinentes: ¿y si el afán por la justicia acaba con la relativa paz que existe ahora en parte del país? ¿Y si el precio a pagar por la sentencia condenatoria de un individuo es la sangre de más gente inocente? No todo está claro en este dilema con serias connotaciones jurídico-éticas.
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rudolf Deng, ha declarado que el posible arresto del presidente no traerá la paz, ya que lo que se necesita realmente es una reconciliación nacional. Lo que pide la Iglesia en este momento es “más sinceridad” por parte de los líderes y de los actores implicados en el conflicto de Darfur “y una dedicación más seria de la comunidad internacional para salvar Sudán”.
Posiciones parecidas ha tomado el Consejo Ecuménico de las Iglesias de Sudán (del cual la Iglesia Católica es miembro activo), mencionando el modelo tradicional de justicia no sólo retributiva (haces un mal, pagas por ello), sino principal y radicalmente “restaurativa” (debes devolver a la comunidad la armonía y la paz rotas por la maldad humana). En el último comunicado ecuménico se señala: “La Iglesia cree en la justicia sin poner en peligro la paz y la justicia de la nación (…). Debe existir una justicia que abarque la responsabilidad, la reconciliación, el hallazgo de la verdad, reformas institucionales y la reparación. Es necesario desarrollar una solución integrada que ayude a la sociedad a conseguir la paz sin pasar por alto la necesidad de justicia.”
El obispo auxiliar de Jartum, monseñor Daniel Adwok, añadió que la tarea de acabar con las violaciones de los derechos humanos en el país era mucho más importante para la gente que derribar a un presidente.
Estos últimos acontecimientos hacen que la tensión previa a las elecciones de este año y el referéndum de autodeterminación del Sur en el año 2011 se incremente: “Sudán -ha dicho el obispo Adwok- ha entrado en un momento crítico de su historia”.
En el nº 2.653 de Vida Nueva.
