(Graziela Cruz– Corresponsal de ‘Vida Nueva’ en Brasil) La defensa de los derechos humanos y la lucha por la conservación de la Amazonía han producido en las últimas décadas decenas de mártires –religiosos y laicos– que no se callaron ante las amenazas. Ahora, tres obispos de origen europeo que eligieron vivir su misión en tierras brasileñas sufren amenazas de muerte. Son Erwin Kräutler, de la prelatura de Xingu y presidente del Consejo Indigenista Misionero (CIMI); José Luis Azcona, de la prelatura de Marajó; y Flavio Giovenale, de la diócesis de Abaetetuba. Todos viven en Pará, estado amazónico que registra los más graves actos de ilegalidad de todo Brasil.
Los tres están a la vanguardia de la lucha por los derechos humanos, y, dicen, no se van a mover ni un milímetro en su acción pastoral. Representan a la Iglesia que camina con los excluidos del sistema económico. En la Asamblea celebrada a principios de abril, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil (CNBB) divulgó una nota de solidaridad con ellos donde exigen de las autoridades “investigaciones serias y protección para los amenazados”, y denuncia tales amenazas de muerte a Amnistía Internacional.
Las amenazas contra activistas en esa región “sin ley” del país ya han sido consumadas en más de una ocasión. Por ejemplo, con la religiosa estadounidense Dorothy Stang, asesinada de seis disparos en febrero de 2005 por su lucha contra los empresarios madereros ilegales de la región. Son tan serias y continuadas las amenazas en Pará que se ha creado un Programa de Protección a Defensores de los Derechos Humanos, que ya ha atendido a casi un centenar de personas amenazadas de muerte, de las que nueve cuentan con protección policial, entre ellas, el propio monseñor Kräutler y Frey Henri des Roziers, de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
De origen austriaco aunque nacionalizado brasileño, Kräutler tiene 67 años, de los que lleva 41 en Pará. Conoce bien los conflictos de la región y los peligros de luchar contra los poderosos de la Amazonía. En 1987, en la autovía Transamazónica, su coche fue “arrollado” por un camión. El cura que iba a su lado falleció. Él estuvo seis meses hospitalizado. “Matamos al hombre equivocado”, dijo luego uno de los ocupantes del camión.
Ahora vuelve a estar en el punto de mira por su movilización contra la construcción de una hidroeléctrica, aunque son varias las causas que defiende: lucha contra la devastación de la selva, contra la prostitución infantil, contra el trabajo esclavo, por los derechos de los indíge- nas y de los campesinos, y por la prisión de los instigadores del asesinato de Dorothy Stang. Además, suele hablar de las conexiones entre el poder político local y las actividades ilegales. Explica que las últimas amenazas de muerte se produjeron después de denunciar a criminales que promueven la prostitución infantil.
El obispo italiano Flavio Giovenale, por su parte, ha recibido amenazas tras denunciar la prisión de una adolescente violada durante 25 días por los 20 hombres con quienes compartía celda. Este salesiano cree que los policías corruptos son los autores de las amenazas. La gobernadora de Pará ha anunciado el traslado de los agentes implicados en el escándalo. “En enero mataron a una persona y me telefonearon diciendo que yo sería el próximo. Luego empecé a ser protegido por la policía”, dice Giovenale. Dos consejeras tutelares de la infancia, que actuaron junto al obispo, también recibieron amenazas. “Temo por ellas, que son también catequistas. El obispo es una autoridad, y ellos tienen que pensarlo bien antes de hacer algo”, opina el religioso.
En el archipiélago de Marajó, también territorio paraense, la voz profética que se escucha es la del español José Luis Azcona. También bajo amenazas, el agustino recoleto volvió a denunciar el 14 de abril los graves casos de violación de los derechos humanos, de explotación sexual y tráfico humano. “Adolescentes y mujeres de la isla son víctimas de una red de tráfico internacional de personas que son llevadas para prostituirse en Europa”, explica el obispo. “Aunque sepa lo que pasa, el Gobierno del Estado todavía no ha hecho nada, y la justicia está pasiva. Pará vive en estado de ingobernabilidad, omiso frente a la explotación sexual infantil y con una fuerte presencia del narcotráfico”. Preguntado sobre las amenazas de muerte, el obispo lo tiene claro: “Estoy en las manos de Dios”.
