Los jesuitas instan a los eurodiputados a conocer la realidad de los inmigrantes y a velar por sus derechos
(Victoria Lara) “Estamos percibiendo que se está cambiando la mentalidad y que la frontera ya no es sólo una raya, sino que es un espacio muy amplio hacia allá y hacia acá donde no hay seguridad, se cometen injusticias y hay falta de libertad. Por ello hay que dar un toque de atención”. Estas palabras de Josep Buades, sj, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E), se refieren a un análisis que la Compañía de Jesús ha realizado de los controles que actualmente se ejercen en la llamada Frontera Sur -la principal puerta de acceso de la inmigración africana al continente europeo- y cuyos resultados se han plasmado en un documento que van a enviar a los eurodiputados españoles de cara a la séptima legislatura del Parlamento Europeo.
Dicho texto -que se presentó públicamente en Madrid el pasado miércoles 6 de mayo- lleva por título Control democrático para la gestión de la Frontera Sur y con él, el SJM-E pretende dar a conocer a los futuros miembros del Europarlamento la verdadera realidad de las migraciones africanas, que no siempre se corresponde con la que vemos a través de los medios de comunicación: “Hemos echado un vistazo a la población africana en España para ver si la ‘avalancha’ de la que se hablaba era tal y nos hemos encontrado con unos números muy inferiores y un gráfico que hace ver la distancia entre el discurso político y la realidad”. Asimismo, con el documento pretenden instar a la UE a que ejerza un control democrático sobre la Frontera Sur. “Vemos que los países norteafricanos se están convirtiendo en ‘tierra de nadie’, pero también ocurre que hay quien ha entrado ya en territorio europeo y todavía no tiene la regularización, y que se les está manteniendo en ese espacio fronterizo”, añade Buades.
De las peticiones que los jesuitas incluyen en su propuesta, lo más urgente, en opinión del coordinador del SJM-E, es la salvaguarda de garantías jurídicas: “Ya hay un empeño de las instituciones europeas por luchar contra las redes de trata y de tráfico de personas; lo que se descuida es la salvaguarda de garantías jurídicas de quienes necesitan protección internacional”. También considera importante, aunque menos inmediato, abrir un debate sobre determinados acuerdos bilaterales entre España y algunos países africanos, como aquellos que intentan vincular la cooperación al desarrollo con los controles de flujo y la readmisión de migrantes. Otras propuestas pasan por “revertir todas las políticas que quiebran los espacios de libertad, seguridad y justicia en los entornos exterior e interior de las fronteras de la UE” y “reforzar la protección de los derechos de la población migrante promoviendo la ratificación de la Convención Internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias”.
Para justificar estas peticiones, el documento da a conocer cómo son las condiciones de vida al otro lado de la Frontera Sur, donde los inmigrantes “no pueden obtener empleo, viven hacinados, por su condición irregular se les limita el acceso a los servicios sanitarios y educativos…”. Una situación que se puede prolongar durante varios años. Por otro lado, el SJM-E informa de que muchas detenciones y expulsiones de subsaharianos “son aleatorias” y que a veces responden a factores externos como “visitas de autoridades europeas, llegadas masivas a Canarias o golpes policiales contra la droga”.
Paradoja
El texto incluye algunos testimonios en primera persona de los inmigrantes, en los que demuestran estar decididos a no renunciar a su proyecto de llegar a España: “Una vez que comienzas el camino, no hay vuelta atrás. No emigras solo tú sino toda tu familia y tu pueblo”. El Servicio Jesuita a Migrantes también da a conocer cómo las medidas que aumentan la libertad y garantizan la seguridad de los europeos provocan grandes injusticias en el interior de las fronteras. Ejemplos de ello son “los obstáculos crecientes a la regularización administrativa” de estas personas o “la pérdida de empleo”, especialmente en el actual contexto de crisis económica, que les expone “a no poder renovar las autorizaciones de trabajo y residencia”.
Uno de los aspectos que se ponen de manifiesto en el documento es la paradoja que supone el hecho de que los gobiernos europeos inviertan costosos medios técnicos y humanos para restringir los flujos migratorios africanos, siendo éstos un pequeño porcentaje de los flujos globales (la población magrebí y subsahariana residente en España supone sólo el 15,6% de la población extranjera). Josep Buades no logra encontrar una explicación a esto: “No sabemos si se trata de blindar las fronteras más visibles, porque los aeropuertos también son fronteras, pero da la impresión de que son menos visibles. Parece también que existe el temor de que, al haber dos continentes contiguos con unas diferencias de renta tan grandes, pueda haber una emigración masiva, aunque lo cierto es que eso es poco posible por las duras condiciones de la travesía. No lo sabemos, pero creo que la imagen del cayuco se graba en la mente y en la conciencia de todos y a partir de esa imagen, llegar al imaginario de la avalancha es muy fácil”.
El documento ha sido enviado ya a todos los eurodiputados de la sexta legislatura y también está previsto que los representantes del SJM-E mantengan citas personalizadas con algunos candidatos que tienen especial relación con el tema o con los portavoces de los grupos políticos. De igual forma, se va a dar a conocer a la sociedad esta iniciativa a través de otros actos públicos en los centros del Servicio Jesuita a Migrantes-España. “No tratamos de pedir con esto el voto para nadie, sino de informar a quienes aspiran a ser elegidos y al público en general”, apunta Josep Buades.
LA HOSPITALIDAD CON LOS INMIGRANTES NO SERÁ DELITO
(M. Á. Malavia) Tras varias semanas de polémica, parece que el Gobierno va a dar marcha atrás en algunos de los puntos más conflictivos de la pretendida reforma de la Ley de Extranjería. Concretamente, el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, anunció el lunes 4 de mayo la “segura” rectificación del artículo 53 c), que establecía la penalización (con multas de hasta 10.000 euros) de aquellas personas o colectivos que facilitaran la presencia de inmigrantes ilegales en nuestro país más allá del tiempo establecido por la ley. El ministro aclaró que con ese punto sólo buscaban luchar contra las mafias, aunque lo cierto es que, tal y como estaba articulado, se extendía el “delito” a todo aquél que buscara ser, de un modo altruista, hospitalario con los inmigrantes. Por ello, Corbacho quiso dejar claro que “nunca se va a perseguir a quien ejerza ayuda humanitaria”, a la vez que achacó el “malentendido” a la “mala redacción” del texto. Lo cierto es que el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) había alertado recientemente al Ministerio sobre la inconveniencia de “criminalizar” una acción “puramente solidaria”.
Josep Buades, coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes-España, que pertenece a la plataforma ‘Salvemos la Hospitalidad’ -grupo que integra a numerosas organizaciones de ayuda a los inmigrantes, muchas de ellas católicas, y que surgió para protestar contra esta medida-, se muestra precavido y llama a la concreción de lo anunciado: “Ahora lo que hace falta es que el Congreso y el Senado lleven adelante esto, que ellos sigan salvando la hospitalidad. Hay un paso dado y está bien, pero hasta que el Rey no sancione esta ley tenemos que ver qué pasa antes”.
En el nº 2.659 de Vida Nueva.
