La violencia ha permeado buena parte del tejido social de manera ascendente e intensa en los últimos años. Hay regiones completas de México que viven en inseguridad y angustia, pero con más hechos de violencia normalizados. De acuerdo con el Indice de Paz de México (IPM), si bien se registra una mejora general, dos de los indicadores del IPM se deterioraron en 2022: los delitos con violencia y los crímenes de la delincuencia organizada.
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La Iglesia Católica no ha estado exenta, desde el asesinato de los jesuitas en Chihuahua, el año pasado, hasta los hechos más recientes, resulta difícil asegurar que nuestras parroquias, nuestros pastores y comunidades se encuentran a salvo. En días pasados, se supo del intento de atentado contra monseñor Faustino Armendáriz, arzobispo de Durango; a su vez un grupo armado irrumpió la parroquia de San Luis Gonzaga, ubicada en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México procediendo a usar la violencia en las instalaciones y contra el Párroco del lugar. También se registró hace un par de semanas el lamentable homicidio del sacerdote Javier García Villafaña, titular de la la parroquia de San Francisco, en Michoacán, quien fue asesinado con disparo por arma de fuego.
Funeral del padre Javier García Villafaña
Corrupción y tráfico de armas
Es bien sabido, que la violencia vinculada al crimen organizado es compleja y está interrelacionada con diversas prácticas como: la corrupción a autoridades, los delitos en la ruta migratoria, la explotación de tomas clandestinas para el ‘guachicol’, el tráfico de armas y de drogas, comunidades completas co-existen con la ilegalidad y la violencia y hasta la normalizan. No es fácil encontrar una explicación al ‘boom’ de narcocorridos y apologías de los ajustes de cuentas, del tráfico de drogas que permite un estilo de vida sin límites; especialmente cuando cotidianamente salen a la luz los casos lacerantes para familias que buscan a sus desaparecidos o que lidian con la pérdida de un ser querido por un hecho violento. Como fieles y ciudadanos, cada vez debemos prestar atención a qué prácticas perpetúan una interiorización y permisividad de muchas formas de violencia en nuestras familias y comunidades.
La construcción de un ambiente duradero de paz social en un México polarizado, va más allá de la toma de conciencia ciudadana, debe lograrse con políticas públicas, con inversión en las estrategias de seguridad y con un aparato de justicia que logre procesar la alta demanda de casos. Podemos optar por hacer como que nada ocurre en cuanto al deterioro de la seguridad mientras no toque a nuestro círculo más cercano, o bien ser valientes y poner límites a la normalización de la violencia y los delitos que la promueven.
