JOSÉ LORENZO | Redactor jefe de Vida Nueva
“Quizás no sea el momento para que la Iglesia se enroque en una defensa numantina de unos derechos que, efectivamente, puedan ser vistos como un privilegio propio de otras épocas. El argumento de su legalidad es irreprochable, aunque las consecuencias para la pastoral puedan ser nefastas”.
Se dice que el hambre agudiza el ingenio, lo que traducido a la famélica realidad de los ayuntamientos, les lleva a maquinar lo que sea para arañar recursos. Como al ciudadano le queda poco de donde aflojar, y además la indignación le asoma a flor de piel, los medios de comunicación les dieron la idea a las corporaciones: si, como dicen, la Iglesia no paga impuestos y vive en un paraíso fiscal, y además tiene el mayor patrimonio inmobiliario del país, a pesar de lo cual el Estado –que recorta en sanidad y educación– costea la nómina de obispos y curas, ¿quién se va a oponer?
Incluso los regidores, de los que van con el bastón de mando a misa y ponen cara contrita en las procesiones, podían imaginar en la medida el aplauso de no pocos. Ni siquiera cuando se toparon con los Acuerdos Iglesia-Estado o la Ley de Mecenazgo se achantaron. Pues que paguen, al menos, por retirar la basura de las propiedades que no se dediquen al culto, pensaron.
Pues en esas estamos, cada vez con más municipios que recaban informes para ver si esa medida puede llevarse a cabo. Y puede que esté bien que así sea en un momento de gran incertidumbre económica y social, con la amenaza de un “corralito” flotando en el ambiente. Al fin y al cabo, también eso es comunión de bienes. Pero, para ser del todo justos, la medida habría que aplicársela también al resto de instituciones que gozan del mismo “privilegio”, y que los medios ocultan: partidos políticos, sindicatos, ONG, locales no dedicados al culto de protestantes, musulmanes, judíos, embajadas…
Quizás no sea el momento para que la Iglesia se enroque en una defensa numantina de unos derechos que, efectivamente, puedan ser vistos como un privilegio propio de otras épocas. El argumento de su legalidad es irreprochable, aunque las consecuencias para la pastoral puedan ser nefastas. A este respecto, habría que valorar si lo que dejó escrito el espíritu del Vaticano II en la Gaudium et Spes, en el sentido de que la Iglesia “renunciará al ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de su testimonio”, sigue teniendo fundamento hoy o no.
En el nº 2.801 de Vida Nueva.
